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Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 11 julio 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Hay quien dice que nadie puede llegar a cometer un crimen perfecto; pero esa afirmación no es del todo cierta. Existen asesinos muy ingeniosos, demasiado inteligentes, que saben hacer las cosas de tal modo que ni tan siquiera existe la sospecha de que se ha producido un asesinato. Estos criminales, a veces agobiados por no ser descubiertos, al final no les queda otra cosa que confesar, o provocar que alguien descubra los cadáveres.

   Así ha ocurrido en Bélgica, donde un fontanero belga, que mató a su esposa y a su hijastro a puñaladas y golpes y guardó los cadáveres en el congelador, ya no sabía ni qué hacer, para que alguien se enterara que había cometido un crimen. En el colegio nadie sospechó cuando el menor dejó de asistir a las clases. La familia de la fallecida tampoco se alarmó por no tener noticias de su hija, salvo unos mensajes que les hizo llegar al móvil. Esto es cuanto menos curioso. Lo cierto y verdad es que el asesinato se cometió la segunda semana de abril. Tiempo suficiente como para pensar por qué un menor de once años no vuelve nunca más al colegio, o por qué una hija se comunica de uvas a peras con mensajes breves y absurdos, del tipo "estoy en Luxemburgo".

   El autor de esta carnicería se llama Didier Charron, tercer marido de la fallecida, que, al parecer, podría volverse violento cuando se excedía con la bebida. De profesión fontanero, tenía complicaciones para encontrar un empleo estable, pues no parecía encajar en ninguna parte por su inestabilidad y su carácter agresivo. En general, todas las personas que lo conocían parecen coincidir en afirmar que esta persona era violenta con frecuencia.

   Según la propia confesión del asesino, todo se desencadenó con una fuerte discusión familiar, algo a lo que el vecindario ya estaba muy acostumbrado, por lo que una más una menos tampoco les llamaba la atención. Tampoco les tuvo que llamar la atención el repentino silencio que, desde la fecha de los hechos, se instaló en esa casa, la cual acostumbraba a ser un polvorín.

   Tras la tragedia, Didier enviaba mensajes cortos a los móviles de los familiares de la asesinada, haciendo entrever que ésta se había marchado; incluso llamó una vez a una de las hermanas de la fallecida, preguntando acerca de su paradero. Nada de esto pareció levantar sospecha alguna.

   Aburrido de no ser descubierto y tener ya unos cuantos meses dos cadáveres en el congelador, planificó su descubrimiento, invitando a cenar a unos amigos y dejándose ayudar por una de las mujeres para recoger los platos y meter los restos de la comida en el congelador. El asesino estaría inquieto por conocer la reacción que tendría la descubridora de tal masacre. Sin embargo, ésta volvió al comedor como si nada, actuando con total normalidad, y al rato los invitados se despidieron, abandonando al anfitrión, el cual quedó de nuevo solo con los cadáveres congelados.

   La ayudante espontánea sí había visto los cadáveres, pero optó por actuar con esa sangre fría. Al rato de abandonar el domicilio, mientras nuestro asesino se sentía plenamente incómodo, al no verse descubierto, se presentaron en la casa unos agentes, encontrando, al igual que la invitada, los dos cadáveres en el congelador.

   Asombroso. Igual de asombroso es que no era la primera vez que Didier intentaba matar a su pareja, e incluso había tenido episodios violentos con su anterior esposa, a la que, al parecer, ya había intentado estrangular. Supongo que los vecinos tuvieron que escuchar muchas discusiones violentas en ese domicilio, y que lo que ocurría en esa casa era un secreto a voces en todo el pueblo, que tan sólo cuenta con 54.000 habitantes, aunque nadie se daba por aludido y nadie quiso formar parte de ese problema

   Mató a su esposa y a su hijastro. Nadie sospechaba nada. Ni en el colegio, ni los vecinos, ni los familiares. El asesino estaba ya como loco por ser descubierto, pues días antes había intentado que su hijo, nacido del primer matrimonio, junto con su novia fueran a comer a casa, para encontrarse con el pastel, plan que no le salió bien, al rehusar ambos la invitación.

   La responsable de Educación de la localidad donde se produjeron los hechos recomendó un cambio en la legislación imperante, de modo que toda ausencia prolongada de un alumno en circunstancias poco claras provoque el inicio de una investigación judicial.

   Dicho todo lo anterior, lo que no deja claro es si estamos ante un verdadero crimen perfecto o más bien ante la dejadez de muchos.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 4 julio 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Si son ustedes de los ciudadanos afortunados que se van a pasar unos cuantos días tirados a la bartola, en una playa, en la montaña o en algún lugar apartado del mundanal ruido, quieren echarse un libro en la maleta, por si alguna vez les diera por leer y no saben exactamente por cuál decidirse, yo les recomendaría que leyeran, si los temas justicieros son de los suyos, el de Antología del Disparate Judicial que escribió ya hace algún tiempo Quico Tomás - Valiente y Paco Pardo.

   Versa sobre los casos y las sentencias más disparatadas que se han podido leer en este país y les puedo asegurar que no pararán de reír, las distancias cortas con la familia se le habrán llevaderas e, incluso, si es usted de los taitantos españoles que vienen de las vacaciones con la firme intención de divorciarse, les puedo asegurar que harán lo posible y lo imposible para que su divorcio sea amistoso, con tal de no caer en manos de la justicia.

   Por supuesto me estaba expresando en un tono irónico, ya que todos sabemos que la Administración de Justicia marcha muy bien y que todo esto son casos aislados. De ahí que valga la pena recopilarlos.

   Pero sí me ha dado esta semana la tentación de escribirles a los autores de tal obre magistral una carta, y hasta pudiera ser que lo haga, suplicándoles que nos sorprendan con la segunda parte de su obra, puesto que ha llovido mucho desde entonces y, francamente, desde aquella célebre fecha de su edición han caído otras muchas sentencias y han aparecido en escena otros muchos casos que, por su brillantez, valdría la pena comentar y hasta sacarles punta.

   Sin más preámbulos, esta semana, que tendría que haber sido la del orgullo gay, y no la del linchamiento, los españoles nos hemos podido hacer eco de una sentencia que ha dictado un Juez de Familia de Murcia, cuyo nombre empieza a ser algo más que conocido, por la trayectoria, o, mejor dicho, escabechina, que lleva a sus espaldas; y es que, al parecer, no le gusta nada el top less, que los gays adopten y lee por las noches La Biblia y El Camino, no el de Delibes, sino el de un tal José María Escrivá de Balaguer. Y no es que me parezcan criticables los gustos literarios de este ilustre magistrado, si no fuera porque parece aplicarlos en sus sentencias, en lugar del Código Civil y otras leyes, que hubiera sido lo de esperar.

   Y es que este pobre juez se ha debido de escandalizar de nuevo con el caso de Candela, un bebé de 15 meses, nacida por inseminación artifical en el seno de una pareja de dos mujeres pertenecientes al mismo sexo, siendo el deseo de la madre no biológica adoptar también a la pequeña, para que ésta pueda ser hija de ambas. Entienda esta vez que no le cabe en la cabeza en base a qué existe una norma que equipara los matrimonios heterosexuales con los homosexuales en materia de adopciones, entre otras, escribe en su sentencia la palabra matrimonio y cónyuge con cursiva, para referirse a esta pareja de mujeres y no se ha quedado en las primeras matas, cuando ha designado a la Dirección General de Familia de Murcia como defensora judicial de la menor, porque entiende que la madre biológica en este procedimiento de adopción es parte interesada, no vela por los derechos de su hija y exige que todos los psicólogos de la entidad opinen sobre la conveniencia de que la pequeña tenga dos madres, y no un padre y una madre, como Dios manda, e incluso, para el caso de que no le respondan, les amenaza y les conmina con llamarlos a declarar.

   Añade, además, que si el matrimonio fuera heterosexual, nombrar a un defensor judicial sería algo insólito, que el menor tiene un derecho a pertenecer a una familia normal, compuesta, evidentemente, por personas de distinto sexo, que por esta razón se complementarían y, además, un niño que creciera en el seno de una familia homosexual padecería un grave riesgo de serlo él también de maor, pues tendería a imitar el patrón que ha vivido en su propia casa durante los años más fundamentales de su vida.

   Válgame, pensarán ustedes. Pero esto es sólo la última puntillada de la trayectoria de un mismo ser, que arrestó hace algunos años a dos personaes por hacer top less o practicar el nudismo, pese a estar permitido, dado que a su entender se le estaba faltando el respeto, o resolvió hace tan sólo unos meses a favor de una familia que acogió a una niña, caso Saltana, procedente de un campamento de refugiados de Tinduf en el Sáhara, para que pasara el verano en España, y luego se negó a devolverla, porque consideraba que padecía un problema hepático, a lo que agregaron después que estaba plenamente integrada en la familia española y que en Tinduf la trataban como a una esclava, quedándosele a la madre biológicoa cara de frikie en todo este asunto, que, por no llamarlo secuestro, lo dejaremos en adopción por las bravas.

   Pero qué razón tenía Montesquieu, cuando dijo que los jueces deberían limitarse a ser la boca que pronuncia las palabras de la ley.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 27 junio 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Todo el mundo que se compra un ordenador y lo va a conectar a Internet lo primero que hace es hacerse con un buen antivirus. En cambio, en materia de telefonía móvil hay una falta total de concienciación en todo lo relativo a su seguridad. Consecuencia de ello es que algún día nos podemos encontrar con alguna visita desagradable, como la del Cabir o el CommWarrior, el Skulls o el Metal Gear.

   Mientras que todos sabemos lo que es un virus informático, dominamos algunas marcas de antivirus que pululan por el mercado y tenemos sumo cuidado en abrir archivos adjuntos que nos llegan a nuestro correo electrónico procedentes de direcciones desconocidas, casi nadie sabe lo que es un archivo .SIS o que sus móviles podrían estar infectados o podrían infectarse al abrir un archivo que nos llega a través del bluetooth o de un MMS. A decir verdad, muy poca gente que porta en sus móviles un gusano, son conscientes de que lo tienen o qué consecuencias podría acarrearle portarlos, así sin más. Lo cierto y verdad es que con las nuevas tecnologías surgen nuevas formas de delinquir y ya contamos en España con el primer detenido causante de la infección de 115.000 móviles y con perjuicios millonarios, tanto para los usuarios como para las compañías de teléfono. Se trata de un valenciano de 28 años y, presuntamente, podría haber expandido el virus Cabir y CommWarrior, que se expande desde un móvil por medio de la tecnología bluetooth a otros terminales.

   El modus operandi o modo de proceder será el siguiente: de un teléfono infectado partirían mensajes multimedia a todos los destinatarios que consten tanto en la memoria del móvil, como en la agenda, y en la lista de llamadas y mensajes, así como a todos los móviles que estuvieran en las cercanías a un radio de unos diez metros y tuvieran conectado el sistema de transmisión bluetooth.

   Los mensajes enviados se camuflarían bajo la apariencia de tonos de llamada, noticias o incluso antivirus para teléfonos móviles. El Cabir sólo se propaga por la tecnología bluetooth y ya estaría extendido en veinte países. El segundo de ellos, el CommWarrior, se puede propagar como el anterior y además vía mensaje MMS.

   Siete meses ha estado la Policía detrás de quién pudiera ser el responsable de estos hechos, en una operación a la que se la ha bautizado con el nombre de Operación Leslie, porque así se llamaría la novia del detenido; aunque no entiendo muy bien por qué se le da el nombre de la novia y no el de su creador, haciéndole merecedor de su hazaña, y no metiendo por medio el nombre de una persona que nada tiene que ver con los hechos.

   El Cabir no es otra cosa que un gusano malicioso que se propaga en ciertos terminales móviles, entre los que encuentran los fabricados por las casas Nokia, Siemens, Sony Ericsson y Samsung, entre otros. Es un virus que se ha diseñado para que se propague de un modo no masivo, dado que sólo se trata de una prueba de concepto, que serviría de pistoletazo de salida, para posteriormente introducir nuevos virus más perfectos, más dañinos y con una capacidad de multiplicación mucho más peligrosa.

   Es un archivo que nos entra en nuestro móvil con el nombre de Caribe.sis, el cual, una vez que el usuario acepta la transmisión, se instala en nuestro dispositivo y sigue propagándose desde allí, si no lo eliminamos. Aparte de dejarnos un mensajito en la pantalla de nuestro móvil, nos acortaría sensiblemente el tiempo de operación de la batería del teléfono.

   El virus CommWarrior es mucho más peligroso para el bolsillo, dado que no sólo se puede transmitir por tecnología bluetooth, sino también por mensaje MMS, el cual nos puede costar alrededor de unos 1,5 euros el mensajito. Suelle llegar como un mensaje de texto, invitándonos a abrir un fichero adjunto que, al parecer, contendría juegos, tonos, antivirus, etc. Una vez que el virus ha conseguido penetrar en nuestro dispositivo móvil, comienza a propagarse a todos nuestros contactos que figuren en la agenda del teléfono operando un reenvío masivo. La consecuencia de ello es que, aparte de todo, la factura del teléfono nos puede tirar de espaldas.

   Este virus, a diferencia del anterior, no nos deja ningún mensajito en la pantalla, a modo de logo, por lo que no nos podría resultar bastante complicado percatarnos de su existencia. De modo que cuando nos llegara la factura del teléfono, dado que se podrían haber enviado cientos de mensajes MMS, podría darnos directamente un patatús.

   Se impone, por tanto, suma precaución a la hora de aceptar archivos o abrir mensajes en nuestros teléfonos, pues éste pudiera ser el principio de una grave epidemia telefónica.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 20 junio 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Abrir escuelas para cerrar prisiones. No lo digo yo, lo dijo Víctor Hugo, y lo ha reconocido Petra Mínguez, directora del Centro Penitencia Madrid IV de Navalcarnero. Es otro paso más hacia delante en materia penitenciaria de este país, que en los últimos años cuenta ya con una larga lista de aciertos, digna de aplaudirle a la Administración Penitenciaria.

   Ya en abril se abrió "Asombra", una tienda ubicada en Madrid y dedicada exclusivamente a vender una serie de productos artesanos, que tenían y tienen como denominador común el hecho de haber sido fabricados y terminados por personas internadas en los centros penitenciarios de toda España y, además, por menores infractores pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

   Ya entonces Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, nos hizo saber la importancia de esta iniciativa, pues gracias a este tipo de pasos se ayuda a la reinserción de los presos a través de un trabajo remunerado y, de este modo, también se les brinda un poco de futuro, para poder enfrentarse a su vida en libertad.

   Un Estado que presume de su constitucionalidad no puede tener cárceles consistentes en celdas estrechas y un patio amurallado para pasar el rato. Las prisiones han de tener un objetivo mucho más ambicioso, que es procurar con medios eficaces la reinserción social de los reclusos, respetando en todo momento su dignidad y su personalidad humana.

   Ésta es la política constitucional acertada y hay que seguir avanzando y ahondando en esta idea. Es muy importante procurar con todos los medios a nuestro alcance que las personas que se encuentran internas en las prisiones puedan seguir progresando dentro de sus abruptos muros, avanzando en sus sueños, en sus aspiraciones personales, en su formación y en sus ilusiones, para que, cuando hayan cumplido su condena, no se encuentren alienados de la sociedad, apartados, ausentes, lo que, sin duda alguna, es un factor importante y decisivo para que una persona vuelva a delinquir, que es precisamente lo que se ha de evitar.

   Esta vez, la Administración Penitenciaria junto con el Ministerio de Medio Ambiente ha creado el Proyecto Oxígeno, para seguir ahondando en esta acertadísima política de reinserción social de los reclusos y tiene por objeto formar a los presos en cuestiones medioambientales.

   Lo han impulsado los Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, y del Ministerio del Interior, mediante el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y el Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero. Además, cuentan con la participación de tres organizaciones sociales especializadas en este sector. Horizontes Abiertos, Solidarios para el Desarrollo y la Fundación Tomillo.

   El proyecto contaría con dos módulos, uno para jardinería y otro para trabajador forestal. Al final de su realización los alumnos recibirán su correspondiente diploma. Los cursos combinarán clases teóricas con talleres prácticos, completándose la formación con trabajos que se realizarán en un invernadero que ha sido proporcionado por el Centro Penitenciario.

   Los alumnos también podrán practicar sus conocimientos en instalaciones pertenecientes al Organimo Autónomo Parques Nacionales. Concretamente, los presos de Navalcarnero dispondrán del Vivero Escuela Río Guadarrama. Para terminar, este proyecto también tiene previsto crear un Aula de Biodiversidad dentro de la prisión, con el objetivo de promover los valores de respeto y el cuidado de la naturaleza, para fomentar los debates y permitir el encuentro de los reclusos con profesionales provenientes de distintos sectores medioambientales.

   Para los internos este proyecto supone un gran empujón. Les permite abandonar por un momento la prisión, deshacerse de la sensación de claustrofobia y tener otras inquietudes en la existencia más allá de las obscuras y tristes paredes de un patio aburrido.

   La intencionalidad es extender este proyecto a otros centros penitenciarios. Ojalá nuestra Comunidad Autónoma pueda disfrutar pronto de este tipo de iniciativas modernas y necesarias, que tienen por objeto capacitar a los reclusos, para facilitarles su inserción en el trabajo cuando consigan su libertad, y la importancia, en este caso en particular, de hacerlo al mismo tiempo que se aprenden valores como el respeto por la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales, que es una de las preocupaciones más punzantes a nivel mundial.

   Iniciativas de este tipo se merecen un aplauso.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 13 junio 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Internet es un monstruo. Es una auténtica revolución, que ha cambiado por completo nuestra existencia. Estamos empezando a hacerlo todo por Internet. No dominar esta herramienta significa estar prácticamente viviendo en otro planeta. El ser humano ha conseguido comunicar a todo el globo con un solo toque de tecla.

   Navegando por la red podemos encontrar millones de cosas, entre ellas los grow shops, tiendas virtuales y hasta físicas, donde podemos encontrar todo tipo de semillas de marihuana, cañamones, y cualquier utensilio o accesorio que sirva para el cultivo interior del cannabis. Desde fertilizantes, hasta lámparas especiales que aceleran el crecimiento, insecticidas, para combatir las plagas, y productos químicos que reducen o mitigan el fuerte olor que desprende la marihuana. Acceder a todo este arsenal es tan sencillo como introducirse en la página, pagar y meterlo en el carrito de la compra.

   Ahora sólo queda esperar a que las autoridades competentes muevan ficha y se pronuncien sobre si esta práctica es o no delictiva. Todo el mundo conoce de su existencia, pero todavía nadie ha tomado la iniciativa. Y es que precisar si la venta de semillas de marihuana, así como el instrumental para su cultivo, es o no delictivo, es el quid de la cuestión.

   El cultivo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas está penado en España. Da igual si lo que se cultive se destinará en un futuro al autoconsumo o no. Lo cierto y verdad es que, aunque se plante marihuana con fines de consumo propio, la mayoría de los Juzgados consideran esa práctica delictiva. No importa de qué tipo de droga estemos hablando. Consumir no es delito, pero cultivar sí lo es y así lo afirma categóricamente el Código Penal.

   De esta premisa podemos sacar una primera conclusión. Las personas que compran semillas de cannabis, para cultivarlas en su casa, se arriesgan a ser acusados de un delito contra la salud pública.

   Y podrían ustedes tener la suerte de caer en algún Juzgado que siga la corriente minoritaria de la judicatura, en virtud de la cual, si el cultivo es para autoconsumo está despenalizado; pero también podrían tener la mala, mucho más probable, de que les toque un Juzgado que siga la corriente mayoritaria de los jueces, que consideran que esto es delito, independientemente de la cantidad cultivada y del destino que se le quiera dar al cultivo, pues con este tipo de comportamientos es indudable que se está poniendo en peligro la salud pública.

   Aclarado el punto de que si nos pescan en nuestra casa un verdoso cultivo de marihuana tenemos muchas probabilidades de que nos metan un buen puro, conviene dar otra vuelta de tuerca. ¿Y la venta de semillas de marihuana es delito o no? Es decir, las personas que tienen abiertos al público este tipo de establecimientos ¿Podrían correr el peligro que un buen día los agentes de la autoridad los conduzcan a los calabozos de la Comisaría de Policía?

   La opinión del delegado del Plan Nacional sobre Drogas parece ser concluyente al respecto. El Código Penal no sólo castiga al que trafique o cultive, sino también al que, de cualquier otro modo, promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de las drogas, marihuana incluida. Y, sin duda, parece que tener una tienda que vende semillas y otros utensilios para el consumo encaja sin grandes esfuerzos en estas expresiones.

   Por el contrario, los vendedores defienden que las semillas de la marihuana, los cañamones, no tienen el TCH, que es el principio activo de la marihuana, y el que compra estas semillas no necesariamente lo hace para plantarlas, pues también se pueden comer, están muy buenas y no colocan. Lo único que sería delito entonces es vender directamente la planta de María.

   Lo cierto y verdad es que nos puede parecer un absurdo prohibir la venta de una semilla, pero hay que tener en cuenta la opinión del delegado del Plan Nacional de Drogas, que tampoco me parece una extravagancia, pues si bien, en base a lo anterior, podemos considerar que la venta de semillas no es delito, ¿La venta de los utensilios y accesorios para el cultivo lo es o no lo es?

   Y aunque nos pueda parecer un absurdo cerrar estas tiendas, que están públicamente aceptadas, por ejemplo, en Madrid, el ciudadano tiene un derecho a vivir seguro y no estar a la eterna expectativa de si su local es legal o no. ¿Convendría entonces modificar el Código Penal y adecuarlo a los nuevos tiempos? Hacer la vista gorda no es la solución a ningún problema social. Si lo que tenemos legislado no nos sirve, habrá que cambiarlo.

   En cualquier caso, como ven, el asunto es puntiaguado. Habrá que esperar la opinión de los jueces.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 11 de abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Los ciudadanos tenemos la mala costumbre de quejarnos constantemente de los políticos. Que si son corruptos. Que si no velan por los intereses generales. Que si manipulan la información pública. Que si no cumplen con sus programas electorales.

    Lo cierto y verdad esque podríamos tener nuestra parte de culpa, cuando votamos a personas que ya en las campañas electorales, con sus propias manifestaciones, nos están diciendo cuál es su nivel de preparación y las políticas que tienen en mente poner en práctica. Algunas declaraciones son de juzgado de guardia, pero da igual, porque, en ocasiones, mientras más radicales sean las posturas, parece que más votos atrapa.

   Así está ocurriendo con el favorito, según los sondeos, a ganar las presidenciales en Francia, en antiguo Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, que fue elegido por los militantes de su partido, la Unión por un Movimiento Popular, como el candidato para ganarlas.

   En materia de política criminal y penitenciaria ha hecho, entre otras declaraciones, las siguientes. Afirma que los pederastas y suicidas nacen así, es decir, cree en su determinismo genético. Además su proyecto para terminar o reducir la delincuencia juvenil, o como él la llama "escoria", constaría en "limpiar las calles a manguerazos".

   La verdad es que, cuando una persona, que pretende se le elija para presidir el Gobierno de un país, no tiene miramientos en declarar públicamente, así sin más, que pretende liarse a manguerazos, cualquier cosa es posible y se la puede uno ya esperar. Sin embargo, es el favorito a estas presidenciales, tal vez porque a sus votantes les parezcan acertados eestos puntos de vista, es decir, a la mayoría de los franceses, y no vean mal la puesta en marcha de estas políticas, que no sólo no acabarán con ningún tipo de delincuencia, sino que probablemente hasta conducirán a aumentarla, debido a que la violencia suele generar más violencia.

   Entiendo que el determinismo genético de pederastas y suicidas, y si ello es así o no, lo que me permito poner en duda, es un tema médico, que, en todo caso, tendrían que tratarlo especialistas conocedores de estos campos, y dejar asuntos tan delicados y complejos fuera de los programas electorales, pues creo que nada aportan ni nada pintan allí.

   En Francia, a partir del año 2004, se puso en marcha un programa piloto de castración química a los violadores y pederastas encarcelados. En Estados Unidos, la castración química no es algo que voluntariamente puedan solicitar los presos, que también. En California, Montaya y Georgia es posible que un juez la imponga obligatoriamente, a partir de la segunda condena y para el caso de libertad provisional.

   Este sistema de castración química está siendo la respuesta que algunos países le están dando a la alta cifra de reincidencia que hay en este tipo de delitos. Lo que se pretende con esta castracíón es la inhibición de la tetosterona. Con los fármacos que se suministran después se persigue anular toda posibilidad de deseo, erección y eyaculación. Algunos profesionales médicos han declarado que este método no conllevaría graves efectos secundarios, salvo una reducción del nivel de calcio, que se podría equilibrar con el suministro de la vitamina D.

   Sin embargo, este método, que en España todavía no está introducido ni se ha planteado hacerlo, plantearía varios problemas. En primer lugar, desde un punto de vista constitucional, no parece admisible que se pudiera imponer a la fuerza. Otra cosa es que voluntariamente lo solicitara la persona que padece estos trastornos, como en ocasiones ocurre.

   El segundo, el problema de si la Seguridad Social habría de cubrir o no esta operación, así como costear los fármacos que se han de tomar después, que suele constar entre 90 a 95 euros, así como el control del paciente y la terapia posterior.

   En España fue solicitada hace unos años por el "violador de Palma", denegándosela la Audiencia Provincial, básicamente, porque esta pena no está recogida en el Código Penal. Me podría parecer interesante como ciudadano que se abriera un debate político acerca de si es conveniente y constitucional introducir este tipo de penas o permitirlas, siempre y cuando el afectado diera su consentimiento. Lo que no me parece oportuno es tener que utilizar términos como determinismo genético u otros que en un programa político o electoral, a mi juicio, están fuera de lugar.

   En cuanto a acabar con la delincuencia juvenil a golpes, como propone el candidato a la presidencia del país vecino, me parece una declaración lo suficientemente demostrativa de no ser ésta la persona más cabal y preparada para presidir un país.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 6 junio 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   En España hay mucha preocupación por la violencia de género o machista, que no es lo mismo que la doméstica, y es para estarlo. Hemos tenido que lamentar ver nuestra preciosa ciudad albaceteña en los noticieros. Sí, ahora somos el número 31 de 2007.

   A  veces, los españoles, que tendemos siempre a endiosar a todo lo que venga del extranjero y a dilapidar todo lo nacional, sólo a veces, pensamos que España tiene todavía que madurar mucho en los derechos de la mujer, pues noticias de estas son una vergüenza para este país, y así es.

   Nuestro país, con 3,6 muertes por violencia machista, según la estadística elaborada por el Centro Reina Sofía, está, sin embargo, por debajo de la media, que es de 6 muertes por cada millón de mujeres, y países como Puerto Rico, Luxemburgo, Hungría y Finlandia se erigen en cabezas de lista en cuanto a este mal. Conviene matizar que sólo 21 países a nivel mundial han proporcionado datos y llevan estadísticas al respecto.

   Los españoles estamos luchando muy satisfactoriamente contra un mal social que, aunque no lo parezca, no tiene nada que ver con el macho ibérico ni con nuestra cultura. Las estadísticas colocan a España en la cola del maltrato, respecto a los países que llevan estadísticas sobre este tipo de muertes, pues la mayoría no los lleva.

   Esto no quiere decir que debamos bajar la guardia. Sería un motivo de orgullo ser el país que consiguiera con mayor eficacia eliminar este cáncer social y asentar una sociedad mucho más democrática, libre y respetuosa con el prójimo.

   Las causas del maltrato no se conocen con exactitud; sin embargo, en lo que todos coinciden es que, para acabar con la violencia de género lo más efectivo no es abrir centros de acogida, sino estudiar y poner en marcha tratamientos para los agresores.

   Para el enfoque pro feminista, el origen estaría en la desigualdad social de los sexos y en el control que el hombre ejerce sobre la mujer, por lo que el tratamiento tendría que orientarse a hacerle reflexionar al agresor acerca del peligro que supone para su familia, incluso para él mismo. Para el enfoque psicológico, el maltrato tendría su germen en un trauma de la infancia y habría que tratarse con un psicoterapeuta.

   Sea como fuere, la violencia de género es un mal a nivel mundial, que no distingue entre ricos y pobres, razas, religiones, ideologías o status social. Por ejemplo, en la India (Delphi) podría estar muriendo una mujer cada 12 horas quemada viva por su marido, el cual luego denuncia el hecho como un accidente o un suicidio y, de este modo, puede aspirar a otra mujer por la que le ofrezcan una dote mayor.

   Nos pueden parecer, tal vez, casos extremos; pero si analizáramos muchas veces las razones que conducen a una persona a matar a su pareja, nos podemos encontrar con casos realmente ruines.

   Cualquiera puede sufrir en un momento de su vida la violencia de género en sus propias carnes y convendría estar muy informado de cómo detectar a un posible agresor. En Internet hay colgados muchísimos tests que cada uno de ustedes se puede pasar, para detectar si su pareja podría estar maltratándola o maltratándole y en qué fase del maltrato se encuentra.

   Todas las personas deberíamos tener una mínima información al respecto. Así, si usted sufre maltrato, es importante que sepa que puede llamar en cualquier momento del día a la Policía (091) o a la Guardia Civil (062). Además, unos consejillos para este tipo de situaciones nunca están de más. Es fundamental, si su pareja le arremete físicamente, que se proteja las partes más sensibles del  cuerpo, que es la cara y, sobre todo, la cabeza. Hay que intentar huir con calma de la situación. Haga todo el ruido que pueda. Si sus vecinos fueran de confianza, pacte con ellos una señal de ayuda. Enseñe a los menores a protegerse. Anote en un cuaderno todos los episodios de violencia que sufra y posibles testigos. Y, sobre todo, no tenga miedo a denunciar.

   Termino puntualizando que el maltrato afecta a hombres y a mujeres, si bien el 95 por ciento son las féminas. Entre homosexuales se dan casos de maltrato y las lesbianas son las que menos agresividad presentan en sus relaciones de pareja, siendo entre ellas el maltrato algo realmente excepcional.

   La concienciación social y la información pueden ayudarnos a acabar con este tipo de situaciones. Por tanto, pongamos todos un granito de arena.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 30 Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Las decisiones judiciales firmes son de obligado cumplimiento. Los funcionarios integrantes del Poder Judicial se merecen un respeto y, aunque en ocasiones leamos sentencias que no nos parecen del todo atinadas, también hay que reconocer que la labor de decidir constantemente sobre la vida de los demás no es una tarea sencilla.

   De igual modo, pese a que toda sentencia firme tenga que cumplirse en su integridad, eso no significa que el ciudadano no pueda pronunciarse sobre determinadas decisiones, emitir su opinión y hacer una crítica sana, pues la libertad de expresión es un derecho constitucional.

   Puntualizado esto, entro en materia. El otro día me enteré de una decisión del Tribunal Supremo, respecto de la cual podría abrirse un debate ciudadano, porrque no sabe uno muchas veces si es peor el remedio que la enfermedad.

   La  cuestión es la siguiente. Un ciudadano extranjero es pillado tres veces con, al parecer, heroína. Todo el mundo sabe que el tráfico de drogas es un delito, pero no consumirlas. De los tres procedimientos que se le abrieron a esta persona, por presunto tráfico de drogas, dos de ellos fueron archivados, y en el tercero se le absolvió, pues no pudo demostrarse que las cantidades que le incautaron estuvieran destinadas al tráfico, por lo que hemos de entender que lo estaban al consumo. La cantidad de heroína no era tampoco una cifra excesiva, unos 0,4 gramos.

   En España, el consumo de la heroína no es actualmente de los más preocupantes, porque parece que otras drogas, como la cocaína, han tomado la delantera. Si a uno lo pillan con, por ejemplo, entre uno y quince gramos de cocaína, salvo que concurran otras circunstancias que puedan evidenciar un más que probable tráfico, estaría uno dentro del margen que se admite, para entender que la droga está destinada al consumo y, por tanto, no es un delito.

   No obstante lo cual, hay que tener siempre presente que, aunque un hecho no sea constitutivo de infracción penal, ello no quiere decir que no pueda ser merecedor de una sanción a nivel administrativo. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana considera infracción grave la tenencia de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.

   Desconozco si a este ciudadano extranjero le pusieron alguna multa administrativa por haberlo pillado con 0,4 gramos de heroína; pero lo que está muy claro es que jamás fue condenado por ello por ningún juez penal, porque el consumo no está penado, archivándose dos procedimientos, y en el último, al no haber pruebas de estar destinada la sustancia al tráfico, habríamos de concluir entonces también que estaba destinada al consumo y, por ello, fue absuelto.

   La presunción de inocencia es un derecho constitucional, y es que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario; por lo cual, nadie puede sufrir represalias de ningún tipo por algo que no es delito o no se ha podido demostrar que lo fuera.

   Pero esta no es la línea que ha debido de seguir el Tribunal Supremo, cuando a este mismo ciudadano le ha denegado la nacionalidad, porque entiende que, si bien nunca fue condenado por esta tenencia triple y reiterada, podemos entender que una persona así no tiene una conducta cívica aceptable y demuestra una falta de adaptación a las reglas sociales y a las normas de convivencia.

   De este modo, este alto tribunal viene a revocar una sentencia de la Audiencia Nacional que, por el contrario, le había concedido a este extranjero la nacionalidad, pues consideraba cumplido el requisito de la buena conducta cívica, dado que nunca fue condenado por esta tenencia, reside en España desde el año 1986, donde se ha casado y trabaja, por lo que no habría ningún motivo razonable ni jurídico para denegarle su petición de nacionalidad.

   Este fallo puede darnos que pensar. Si consumir droga es propio de personas que no tienen una conducta cívica aceptable, ¿no debería de existir una ley que regulara qué se entiende por conducta cívica? ¿Por qué no es propio de un ciudadano cívico consumir drogas y sí lo puede ser, por ejemplo, haber sido multado tres veces por conducir un vehículo excediendo notablemente los límites de velocidad establecidos?

   Discrepo absolutamente de una opinión tal, aunque la acato. Las personas que consumen drogas de forma reiterada nos lo hacen por ser incívicos, lo hacen porque han contraído una dependencia a ciertas sustancias. En cualquier caso, dudo que exista ningún ciudadano perfecto y, el que más o el que menos, todos hemos tenido y tendremos nuestras imperfecciones, algo que es natural y acompaña a la raza humana de modo inseparable.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 23 Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Lo normal, cuando abrimos las páginas de un periódico, y nos fijamos en alguna noticia sobre una detención o una multa, es dar con casos del tipo de algún ciudadano que ha matado a alguien, le han pillado atracando un establecimiento a mano armada o traficando con drogas. Es decir, esperamos que lo normal, cuando se detiene a alguien, sea por alguna causa realmente justificada. Lo mismo podría decirse en torno a las multas, sobre todo si ascienden a cierta cantidad.

   Pero no. Ahora lo que se lleva es detener y multar por tonterías, y no sólo en España, sino que debe ser una epidemia a nivel mundial. Y si bien parece que nuestros agentes deberían de preocuparse de capturar y detener a personas que pudieran tener un historial delictivo más que peligroso, o a aquéllos ciudadanos que estén cometiendo delitos de cierta envergadura, como robos, homicidios, violaciones, secuestros y un largo etcétera, parece que están más concentrados en detener y multar a ciudadanos por llanas y absolutas simplezas.

   La razón no sería otra, según las úlltimas informaciones, que a los agentes, a nivel mundial, se les podría estar poniendo unos objetivos a cumplir, que podría estar provocando que en vez de dedicar el tiempo a evitar los delitos realmente importantes, se tuvieran que concentrar en nimiedades, para poder cumplir con las estadísticas marcadas.

   Así, por ejemplo, en Gran Bretaña este asunto está de aplastante actualidad, donde la Policía británica ha reconocido expresamente que practica arrestos ridículos para cumplir los objetivos que le habría marcado el Gobierno. De este modo, pese a que en este país se podría estar sufriendo la ola más intensa de asesinatos de su historia, los cuerpos de seguridad estarían muy atareados en otros casos más urgentes de los que preocuparse, como arrestar a chavales que están jugando con unas pistolas de plástico o parejas que discuten por las calles.

   La Federación de Policía no escatima en reconocer este atropello a la libertad ciudadana, y explica que, para cumplir con los objetivos impuestos, han de practicar arrestos surrealistas, pues lo que importa ya no es reprimir la delincuencia, sino cumplir con las estadísticas.

   En consecuencia, se han producido casos muy llamativos que pueden provocar al lector auténticos ataques de risa. Por ejemplo, se procedió a detener a un joven por arrojar una rodaja de pepino de su bocadillo a un vecino. Otro ciudadano habría sido amonestado por llevar consigo un huevo con la intención de arrojarlo. Una mujer fue arrestada el día de su boda por llevarse por delante la barrera de salida de un aparcamiento, después de que se le escurrió el zapato del acelerador. Otro habría sido amonestado por tirarle un vaso de agua a su novia en el curso de una discusión de pareja. El objetivo no es otro que hinchar los resultados y cumplir con las expectativas marcadas.

   Sin embargo, la cosa es grave. Y es que no sólo se está criminalizando y alienando a ciudadanos medios, que son los que suelen cumplir la ley con más escrupulosidad, sino también se estaría haciendo una injerencia en el ámbito o círculo de libertades de la ciudadanía más que peligrosa en países que se rigen por un régimen democrático.

   En España contamos con casos parecidos y no sólo a nivel de detenciones, sino también a nivel de multas ridículas y desproporcionadas. Así, un joven en Málaga habría sido multado con la friolera de cien euros por tirar las cáscaras de las pipas que comía al suelo. Otra multa original es la que han puesto a un ciudadano, ascendente a la escalofriante suma de mil doscientos setenta y siete euros por no censar a su perro, que era un cruce de pastor alemán. Otro ciudadano se habría visto multado con quinientos cincuenta y dos euros y nueve puntos menos en el carné de conducir, por circular en bicicleta por la acera y con auriculares. En el último tiempo he conocido también casos de personas que parece se han visto multadas o detenidas por cantar por la calle o caminar a sus domicilios ebrios.

   Si quieren que les cuente un caso realmente surrealista, el que ha ocurrido en Pittsburg. Un joven estudiante llamó a un organismo público oficial para pedir una información. Al cabo de unas horas irrumpió en su domicilio un escuadrón de policías y, así sin más, se ve preso preventivo. La razón había sido un aviso de bomba que se había hecho por teléfono a la misma hora. Cuál no fue la sorpresa de las autoridades, cuando se dieron cuenta que ese mismo día se había cambiado la hora y que los aparatos de registro habían anotado las llamadas con una hora de retraso. El resultado es un pobre ciudadano muerto de asombro en prisión y un bromista en algún lugar del globo destornillándose de la risa.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 16 de Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Hay una cosa que está muy clara. Cuando las Administraciones funcionan irregularmente, los ciudadanos nos debemos quejar. Pero no por la calle, que también. Sino presentando las correspondientes quejas ante los organismos competentes. Sólo así se pueden frenar ciertas situaciones. Si nos atropellan y nos callamos, nada se soluciona. Si nos privan de nuestros derechos y no denunciamos, todo se quedará en rumores de un patio de vecinos.

   No soy partidaria de pronunciarme sobre situaciones, cuando me pueden faltar datos; pero sí creo conveniente hacerme eco de una noticia, y que sirva de precedente. En Talavera de la Reina (Toledo) el escándalo está servido y para rato. Hasta 14 familias habrían denunciado al Registro Civil de Talavera y, concretamente, a una funcionaria, por no inscribir a gitanos ni inmigrantes, quienes, entonces, no existirían para el Estado español.

   Con este asunto la alarma en los registros civiles podría estar al rojo vivo. Más del 40 % de las quejas que los ciudadanos dirigen contra la Administración de Justicia y su funcionamiento se refieren a los registros civiles.

   La denuncia contra el Registro Civil de Talavera la ha encabezado el Movimiento contra la Intolerancia, cuyo presidente es Esteban Ibarra, y se habría presentado ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia. La razón es un trato grosero y presuntamente discriminatorio hacia gitanos e inmigrantes.

   Pero la batalla no habría hecho más que empezar, pues, al parecer, la funcionaria contra la que se dirigen las denuncias se habría querellado, a su vez, contra cuatro denunciantes por calumnias e injurias, después de que éstos presentaran una queja por su comportamiento ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial, de modo que los ciudadanos protestantes se podrían encontrar el día de mañana con una condena con sanción penal incluida.

   El Movimiento contra la Intolerancia ha reclamado que las autoridades competentes intervengan inmediatamente en este peliagudo asunto. en estos momentos, el tema está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha habría abierto unas diligencias informativas a la funcionaria cuestionada de estas dependencias registrales.

   Según Esteban Ibarra, estos denunciantes consideran más que inaceptable el comportamiento de una funcionaria del Registro Civil de Talavera, debido a que durante años el trato dispensado habría sido totalmente inadecuado, poniendo constantes obstáculos en las inscripciones, recién nadios incluso, en la obtención de permisos para la celebración de matrimonios civiles e, incluso, se queja una ciudadana de haber tenido que escuchar de esta funcionaria comentarias acerca de la idoneidad o inidoneidad de su boda con un marroquí.

   Es más que evidente que manifestaciones o recomendaciones de este tipo por parte de los funcionarios están más que fuera de lugar y, a mi juicio, podrían ser constitutivas de un trato vejatorio y degradante hacia un ciudadano que sólo pretende cumplimentar los trámites para casarse con quién quiera. Contraer matrimonio es un asunto que sólo es de la incumbencia de los contrayentes. Hacer comentarios en los registros acerca de si un matrimonio es o no de conveniencia, o si el marido maltratará a la mujer, por ser marroquí, como al parecer habría ocurrido, a mi juicio, es una bárbara extralimitación en las funciones propias de estos trabajos públicos.

   Lo cierto y verdad es que la funcionaria todavía no ha hecho declaraciones al respecto y no convendría prejuzgar un asunto sin escuchar a la otra parte. Pero no es menos cierto que gracias a estas denuncias se han puesto sobre el tapete las grandes deficiencias de las que, en la actualidad, adolecen los registros públicos de nuestro país. Como muy bien ha apuntado Ángeles García, vocal del Poder Judicial responsable del Área de Atención al Ciudadano, antes los Registros Civiles apenas tenían movimientos. Lo que contrasta con la situación actual, en la que la gente se divorcia, adopta, se impugnan paternidades y, sobre todo, hay un importante flujo migratorio.

   Por todo ello, se haría necesario adoptar y poner en marcha un plan urgente de modernización de estas Administraciones a todos los niveles, sin olvidar que las Adminsitraciones están al servicio de los ciudadanos y que los funcionarios no se han de creer los dueños del cortijo, según palabras de García, que me parecen acertadas, debido a que cualquier persona que ejerza un trabajo público habría de tener un trato exquisito con los ciudadanos, que no van allí a molestar, sino a ejercitar sus derechos.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 9 de Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   No es la primera vez que el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) denuncia la situación laboral de los jornaleros del campo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ya, en reiteradas ocasiones, hizo declaraciones tales como que los terratenientes no han hecho nada por Andalucía y les culpa incluso del subdesarrollo de la Comunidad ya que, considera el sindicato, entre otros puntos, éstos estarían explotando a los inmigrantes, ocupando vías pecuarias y disfrutando del dinero procedente de las arcas de la Unión Europea.

   Con este tipo de críticas, que el sindicato dirigía a los propietarios de las tierras de cultivo, comenzaron a astillarse las relaciones entre éste y la Duquesa de Alba, Doña Cayetana Fitz James Stuart, que tuvo ciertas protestas de sus propios trabajadores, por no cumplir lo establecido en las leyes laborales que los protegían.

   La polémica fue subiendo de tono y alcanzó su punto álgido cuando el 28 de febrero del año pasado la Junta de Andalucía concedió el título de Hija Predilecta a la Duquesa. Ello provocó una manifestación del sindicato en contra de esta concesión, saldándose la Duquesa con unas declaraciones ante una cadena de televisión, afirmando que lo que dijeran los manifestantes le daba lo mismo, puesto que no eran más que "delincuentes, gentuza y cuatro locos".

   Cuanto menos, sorpreden estas declaraciones de una señora que, siempre que los medios de comunicación le preguntan sobre su familia, dado que algunos parece que viven de salir en las revistas, contesta murmullando que los periodistas no tienen educación. Visto lo visto, no sé hasta qué punto pudiera considerarse recomendable aprender de la suya, claro.

   A esa manifestación convocada por la concesión de un título que, según los presentes, no se merecía, habían acudido trabajadores y afiliados a este Sindicato de Obreros del Campo, y, por supuesto, este último consideró injuriantes las declaraciones de esta señora, presentando la correspondiente querella el 15 de mayo, por falta de injurias, dado que con estas declaraciones se habría vulnerado el honor del SOC, pidiendo la condena a una multa por importe de veinte mil euros.

   De la misma conoció un Juzgado de Instrucción de Sevilla, el número 8, que absolvió a Doña Cayetana, por entender que los sindicatos no pueden sufrir ataques en su honor y, por tanto, no podrían considerarse víctimas de un delito de injurias y de calumnias, aunque llamaron a su colectivo delincuentes, gentuza y cuatro locos.

   Como era de esperar, muy acertadamente, la Audiencia Provincial revocó tan sorprendente fallo, pues entendió que el sindicato podía perfectamente presentar una querella en su nombre, solicitando la condena de la Duquesa por injurias, pues qué decir cabe que los sindicatos también tienen un derecho al honor, y que insultar a todo su colectivo es constitutivo de una infracción penal. Así lo creo yo también, pues si la mayoría de los asistentes eran militantes y simpatizantes del Sindicato de Obreros del Campo, llamarles gentuza, delincuentes y locos afecta a la fama del sindicato mismo.

   Así, la Audiencia Provincial devolvió de nuevo el asunto al Juzgado de Instrucción, para que fuera éste el que se pronunciara, bajo estos parámetros, sobre si tales insultos habían quedado probados y si procedía condenar a la Duquesa. El resultado fue una sentencia en la que se condena a Doña Cayetana Fitz James Stuart a pagar una multa total de seis mil euros, que supongo que será un pellizquín de nada en su amplio y extenso patrimonio personal, y de los veinte mil que se pedían a los seis mil que la han condenado, todavía se puede dar con un canto entre los dientes.

   Lo cierto y verdad es que la Duquesa de Alba ha apelado esta sentencia pues, según el argumenta el letrado, es inconcebible que el mismo Juzgado que la absolvió meses antes, ahora la haya condenado, por lo que la sentencia no es firme y habrá que esperar, de nuevo, a la resolución de la Audiencia Provincial.

   Por su parte, el Sindicato de Obreros del Campo presentará ahora una demanda, reclamando la indemnización que le corresponda por estos insultos y ha solicitado al Presidente de la Junta de Andalucía que le retire a la Duquesa la distinción de Hija Predilecta, pues el mismo día que le dieron este reconocimiento cometió un hecho delictivo, por el que ahora ha sido condenada.

   Y bien cierto es que con declaraciones de este tipo la Duquesa de Alba, más que ganarse amigos y lucir con orgullo su título de Hija Predilecta, ha quedado a la altura del betún, altura a la que también arrastra al propio reconocimiento de la predilección. Ahora sólo queda esperar la decisión del Presidente de esta Comunidad Autónoma, que, supongo, no se lo retirará, para vergüenza de otros condecorados con el mismo.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 2 de Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Mucho se ha discutido y se debate acerca de si se tendría que facilitar lo máximo posible a los ciudadanos la posesión de un arma de fuego, porque hay personas que defienden el sí, con sus argumentos, y otras que defienden el no, con sus argumentos también.

   Lo cierto es que aquéllos aficionados a las armas, que defienden la liberalización de este mercado, argumentan que la proliferación de armas de fuergo entre la ciudadanía disminuye sensiblemente la cifra de delitos, pues, a título de ejemplo, no sería lo mismo plantearse entrar en una casa a robar, en la que podría existir un arma de fuego, que entrar a robar en una casa en la que es muy poco probable que exista.

   Además, estas personas defienden el uso razonable de las armas de fuego y nos dan una serie de consejos para no tener accidentes domésticos: no llevar nunca munición en la recámara; examinar siempre el arma, para ver si está cargada; no apuntar a nadie con un arma de fuego; mantener el dedo apartado del gatillo hasta que el arma apunte al blanco; no abandonar nunca un arma; no jugar con las armas; no tirarlas contra el suelo.

   El otro día hablando con un cazador profesional, éste me defendió la tenencia de armas de fuego y me comentó que es muy poco probable que una persona pueda tener un accidente si no apunta a nadie con un arma de fuego, a no ser que vaya a disparar. A mí aquello me dejó muerta. Porque claro, en el momento en que se dispara un arma de fuego, se habría cometido un homicidio y, por tanto, estaríamos en presencia de un delito. Y entonces me pregunto: ¿Dónde ven estas personas que la tenencia de un arma de fuego disminuya la delincuencia? Claro, si para uno no hay más vida que la propia, supongo que el hecho de haber disparado a otro con un arma de fuego no significa que la cifra de delitos haya aumentado, dado que uno sigue vivo. ¿Y la vida del otro no cuenta? Será este el razonamiento de estos ciudadanos.

   Pero vamos a las estadísticas, que nos dicen que hoy en el mundo van a morir mil personas como consecuencia de un arma de fuego, y otras tres mil van a resultar heridas. En los Estados Unidos podría estar muriendo un menor de edad cada tres horas por herida causada por arma de fuego. En un año podrían llegar a morir tres mil niños y adolescentes por esta causa, que hacen un promedio diario de ocho vidas. A los Estados Unidos los heridos y los muertos por armas de fuego les podrían estar costando alrededor de cien millones de dólares al año. Ahora pensemos la cantidad de cosas que se podrían hacer con este dinero.

   Y es que cada día es más fácil hacerse con un arma de fuego en ciertos países e, incluso, los gobiernos estatales estarían promulgando leyes que minan los esfuerzos para controlar las armas. Se hace cada día más difícil averiguar quién ha comprado un arma de fuego y el tráfico ilegal de éstas estaría viviendo su siglo de oro.

   En Argentina, las muertes causadas por arma de fuego son la segunda causa de fallecimiento y en la capital sería la primera, superando las muertes por carretera, las enfermedades y los accidentes domésticos.

   Latinoamérica es además el continente que sólo se arroga el 42 % de todas las muertes causadas por armas de fuego que se producen en el mundo. La explicación que dan las autoridades pertinentes es la concentración masiva que se estaría produciendo de estas armas en manos de la población civil. Se puede acudir fácilmente y sin ningún esfuerzo al mercado negro, para hacerse con uno de estos objetos. Comprar en Buenos Aires una pistola robada podría costar sobre unos cuarenta euros y contratar a un sicario unos dos mil euros. En otros países de Latinoamérica la cifra podría llegar a ser incluso inferior.

   En el resto del mundo el 60 % de las armas de fuego estarían en manos de particulares y en Brasil el 90 % de ellas. Sólo en este último país habrían fallecido, que se sepa, 36.000 personas por arma de fuego en el año 2006. En Estados Unidos tener un arma de fuego es hasta un derecho constitucional.

   Para mí la cuestión no tiene vuelta de hoja. Evidentemente, la proliferación de armas de fuego causará muertes por armas de fuego, que serán mayores en proporción al número de armas que tenga la población civil. Fundamentar la disminución de la criminalidad en el hecho de que hay menos probabilidades que nos atraquen por la calle, si existe una sospecha mayor de que podríamos tener un arma de fuego, me parece irracional. Sería convertir nuestras calles en un tiroteo e imperar la ley del que desenfunda primero es el que gana. Cuando uno se compra un arma de fuego, para usarlo en defensa propia, tarde o temprano hará uso de él, y lo hará contra alguien. Y en cuanto a las muertes de los menores de edad con armas de fuego, ¿Cuál sería la solución? ¿Equipamos también a nuestros hijos con pistolas?

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 25 de abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   El Holocausto fue el asesinato sistemático y masivo de aproximadamente seis millones de judíos. Fueron asesinados por el nacionalsocialimos, cuya cabeza visible era Adolfo Hitler. Este dictador para unos fue un exterminador, pero para otros, los menos, un héroe. Todavía hay personas que ensalzan su ideología, sus crímenes, sus símbolos, y que niegan la existencia del Holocausto.

   Por esta razón, la Unión Europea tiene el compromiso firme de luchar contra el racismo y la xenofobia. Ha aprobado una ley que entrará en vigor, lo más seguro, a finales de este año. Los países miembros de la Unión Europea tendrán dos años para adecuar su Código Penal a esta ley. Para España, esta decisión marco no acarreará modificaciones en nuestra ley penal, pues este tipo de comportamientos ya eran delito antes en nuestro país.

   Aprobar esta ley a nivel europeo ha sido una tarea muy difícil. No había acuerdo entre los países miembros. Todo fue una iniciativa de Alemania. En este país y en otros de Europa se castiga hasta con pena de prisión de cinco años negar el Holocausto. Pretendía que a nivel europeo se aprobara un reconocimiento igual en este sentido y se extendiera esta medida a los 27 países miembros. No cabe duda que todos los países europeos consideran un comportamiento vergonzoso negar la matanza de los seis millones de judíos. Sin embargo, llegar a un acuerdo era muy difícil, porque es una de las materias en las que la legislación europea más difiere.

   Los países nórdicos, sobre todo Suecia y Dinamarca, consideraban que la ley podría restringir la libertad de expresión, fuertemente protegida en las constituciones de estos países. Gran Bretaña, por su parte, no quería que se hiciera alusión al tema de la religión. Italia no estaba de acuerdo con que se castigara expresamente la negación del Holocausto. En opinión de Berlusconi, si respetamos la libertad de expresión, no podemos prohibir los partidos políticos de ideología neonazi.

   Al final el dilema se ha resuelto estableciendo penas de prisión de uno a tres años para quien secunde conductas racistas, xenófobas o negación de genocidios. Se castiga a quien incite a la violencia o al odio o a quien públicamente niegue o trivialice con los crímenes de genocidio o contra la humanidad, que hayan sido juzgados por tribunales internacionales. Se hace referencia expresa al Tribunal de Nüremberg, con el consiguiente reconocimiento implícito del Holocausto. Este Tribunal fue el que juzgó los asesinatos cometidos por el Gobierno nacionalsocialista alemán dirigido por Adolfo Hitler, que se suicidó a finales del conflicto bélico.

   El principal problema, no obstante, para poder aprobar esta ley, fueron las objeciones que hicieron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, debido a que solicitaron se incluyeran también los crímenes del estalinismo. La ley que ha aprobado la Unión Europea ha deliberado por no hacer referencia a los caídos durante el régimen de Stalin. No obstante, convencer a estos países de esta omisión no ha sido, para nada, tarea sencilla.

   La razón por la que la Unión Europea no ha querido hacer alusión a los asesinados durante el estalinismo, es la misma por la que tampoco se ha incluido en el texto a los asesinados por el nacionalsocialismo en campos de concentración, no por ser judíos, sino por ser alemanes, pero tener una ideología contraria al régimen. Lo mismo cabría predicar de los asesinados durante el régimen de Mussolini o del General Franco, todos ellos por motivos ideológicos o políticos.

   La decisión de la Unión Europea me parece acertada. La ley se limita a eregirse en reconocimiento general que merece la condena de cualquier comportamiento que incite al racismo y a la xenofobia, así como al negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad, incluyendo, a petición del Gobierno de Alemania, una referencia expresa a la negación del Holocausto.

   Sin embargo, el Consejo no pretendía con esta ley castigar a quien negara públicamente los crímines cometidos durante la vigencia de cualquier régimen totalitario, y no porque no los condene, que los condena, sino porque este tipo de crímenes tendrían una razón de ser diferente, ya sea política o ideológica, pero no estarían impulsados por sentimientos racistas o xenófobos, que era justamente lo que se pretendía castigar y no otra cosa. Mezclar crímenes políticos o ideológicos con crímenes xenófobos o racistas sería como mezclar las churras con las merinas, o confundir velocidad y tocino.

   En conclusión, parece que felizmente la ley ha podido ver la luz de su vigencia, aunque a nosotros los españoles esto no nos afectará, dado que estas conductas ya estaban penalizadas y, a título de ejemplo, el miércoles pasado, en la ciudad de Barcelona, se produjo la detención de un joven que mantenía y publicitaba una página web con contenidos de esta guisa.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 18 de abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   A veces se tiene una imagen equivocada de las prisiones. El Estado no debería encerrar a los ciudadanos condenados a pena de prisión en estos centros con la exclusiva finalidad de castigarlos.

   Nuestra Constitución Española afirma que las penas que consistan en la privación de libertad, entendiéndase prisión o centros de menores, deben orientarse hacia la reinserción social, y ésta sería el objeto primordial y muy importante hacia el que se tiene que orientar cualquier actividad penal y penitenciaria. En consecuencia, la actividad de las prisiones se ha de ejercer respetando sobre todo la personalidad humana y la dignidad de todas las personas que se encuentren recluidas en prisión, sea cual sea el delito por el que estén.

   Sin embargo, dado el estado actual de muchas prisiones, es totalmente imposible cumplir con esta aspiración de reinserción social a la que alude nuestra Constitución. Muchas veces las prisiones son edificios muy antiguos, con una infraestructura deficiente y poco apropiada, que adolecen además de muchas carencias de tipo material y un largo número de etcéteras. Si a ello unimos la coyuntura de estar muchas prisiones masificadas, la reinserción social se convierte en un objetivo inalcanzable.

   Si bien es cierto que para cumplir con esta finalidad y solucionar una realidad tan dramática en un estado democrático, la Administración está haciendo esfuerzos para rehabilitar muchas y nuevas prisiones, así como construir edificios nuevos, dotados de material moderno y organizando el espacio de tal modo que la dignidad de los presos se convierta en un hecho, todavía queda mucho camino por recorrer, para que las prisiones sean un lugar donde, si bien se va a cumplir una condena, los internos puedan seguir progresando y avanzando en sus aspiraciones personales, de modo que, cuando salgan de ese trance transitorio, no se encuentren  con una muerte en vida.

   Para la evolución y desarrollo emocional del ser humano es fundamental sentirse útil en algo y tener una autoestima equilibrada, tener unas ilusiones, unas expectativas y unas esperanzas de vivir.

   Por esta razón me parece digno de un aplauso la iniciativa que ha tenido la Administración Penitenciaria en acuerdo con la Comunidad de Madrid, pues han posibilitado la apertura desde este mismo lunes de una tienda, Asombra, ubicada en Madrid y dedicada exclusivamente a vender una serie de productos artesanos, que tienen como denominador común y especial el hecho de haber sido fabricados y acabados por reclusos de centros penitenciarios de toda España y por menores infractores pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

   Es la primera vez en España que se abre una tienda con estas características y que ojalá sirva de ejemplo y pauta a otras Comunidades Autónomas, para colaborar con la reinserción social de los presos y abrirles posibilidades para su vida en libertad. En esta tienda podremos adquirir artículos de todo tipo, de cerámica, de madera, de papelería, cuero textil, escultura, bisutería, pintura, abanicos pintados a mano, todos ellos con un precio que podría oscilar entre los dos euros hasta los ciento treinta euros. Incluso nos podríamos encontrar con auténticas obras de arte, como dos cuadros que estarían fabricados con hilos de seda y que vendrían a ser una reproducción, con una perfección realmente asombrosa, de lienzos de Liechtenstein y Kardinsky.

   Lo interesante de esta actividad, como muy acertadamente señalaron en su inauguración la Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, es que el proyecto ayuda a la reinserción a través de un trabajo, que cobran los presos, buscándole al mismo tiempo una salida comercial a todos aquellos objetos que se manufacturan en los talleres ocupacionales de las cárceles españolas y de centros de reeducación de menores en la región madrileña, aparte de brindarle a los presos un poco de futuro, para cuando abandonen la prisión en la que están encarcelados.

   De esta forma, también se ayudaría a la sociedad a comprender que los presos son personas, que, como todos nosotros, tienen ilusiones y capacidades para poder explotar y con las que poderse ganar la vida.

   Me encantaría ver pronto una iniciativa de este tipo en nuestra Comunidad Autónoma, Castilla - La Mancha.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 4 de Abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   El 11 de abril del 2003, Juan Sánchez Vargas, de 27 años, que disfrutaba, como muchos jóvenes en España, de unan oche amigable, acompañado o no, en una discoteca de Barcelona, la Open de Sant Esteve Sesrovires, cuando decidió abandonarla, por los motivos que fuera, perdió la vida, de forma sorpresiva, pues dos individuos, cuyos nombres no vienen al caso, le asestaron siete puñaladas.

   Los hechos ocurrieron ante la mirada de la gente que se encontraba a la salida de este centro dediversión, siendo, por tanto, los testigos numeros. Las fuerzas de la autoridad detuvieron a los autores, que todavía son presuntos, en menos de dos horas. Después de pasar detenidos casi 48 horas, pasaron a disposición del juzgado de instrucción competente, que resolvió la prisión provisional para estos dos ciudadanos, es decir, que se mantuvieran en prisión hasta que se les juzgara por el tribunal competente.

   Hay casos de homicidio más difíciles y otros más sencillos. Lo cierto es que en España, antes de juzgar a ningún ciudadano, se abre un procedimiento para hacer una investación de los hechos ocurridos, tomarles declaración a los testigos y realizar cualquier otra prueba que el juez de instrucción considere necesaria, para preparar el futuro juicio, pruebas que han de favorecer o perjudicar tanto a la acusación como a la defensa, pues el material probatorio se ha de reunir con objetividad, para esclarecer la verdad de lo realmente ocurrido.

   En algunos casos de muerte, por estar los autores en búsqueda y captura, o por no conocerse realmente quién ha podido ser el autor de los hechos, o por no existir pruebas contra la persona que se piensa podría ser el autor, la investigación, a veces, puede ser bastante difícil y durar un tiempo relativamente largo.

   Sin embargo, cuando hablamos de un homicidio que se ha cometido delante de muchas personas y los autores han sido detenidos y conducidos a la prisión, en espera de la celebración de su juicio, mientras se termina la investigación, no parece que el asunto sea demasiado complidado, pues todo el mundo está localizable.

   Por supuesto, habría que tomarle declaración a todos los testigos y esperar a los informes del forense, pero en un plazo de dos años es bastante factible que se pueda haber realizado todo esto, pues al estar todo el mundo identificado, los agentes de la autoridad apenas tienen que desplegar actividad de investigación policial alguna, y el juzgado limitarse a citar y tomar declaración.

   Transcurrieron dos años desde que se había resuelto la prisión provisional de estos dos presuntos homicidas, y dado que las investigaciones no habnían terminado, se revolvió por el juzgado de instrucción que esta prisión se prorrogara dos años más. En total, se han cumplido cuatro años desde que ocurrieron los hechos, y como la ley no permite que una persona pueda estar más de cuatro años en prisión preventiva, la defensa y el fiscal han solicitado se resuelva la libertad de estas dos personas, lo que el juez de instrucción ha tenido que realizar, pues la ley no permite más prórrogas.

   La razón por la que, al parecer, un caso aparentementee no muy difícil lleva ya cuatro años coleando es porque, entre otras cosas, en el juzgado de instrucción han cambiado varias veces de juez suplente, hasta que, por fin, un juez titular se ha hecho con la plaza. Eso naturalmente provoca que la justicia vaya más lenta. Y desde este punto de vista, nada se puede criticar, porque el nombramiento de jueces titulares lleva un proceso, que no se puede descuidar.

   Tal vez, lo que no me parece aceptable, desde el punto de vista de nuestros derechos ciudadanos, es que no se respete, a veces, con escrupulosidad la preferencia que tienen los asuntos en los que hay preso preventivo. El impulso de estos expedientes tendría que estar por encima de cualquier otro y tener una preferencia absoluta e inexcusable.

   A lo mejor éste no es el caso. Pero podríamos imaginarnos un asunto en el que resultara después que la persona que presuntamente era el autor, luego no lo era. No sería la primera vez que esto sucede. Piense que esto le pasa a usted, por ejemplo. Es decir, que le arranquen cuatro años de su vida, para luego decirle que usted, según las pruebas, no fue.

   O piense que usted ahora es la madre o el padre de la persona que ha muerto en esa discoteca, y que ahora le comunican que los presuntos autores están en libertad, por haberse cumplido los plazos máximos de la prisión preventicva. Seguro que no lo entiende.

   En ciertos asuntos la justicia ha de ser lo más ágil que sea posible, para que los ciudadanos, ya sean acusados o acusadores, no sea vean indefensos y se sientan desamparados. La confianza de los ciudadanos en la justicia es fundamental, para que no quiebre el sistema.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 28 de Marzo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Para ser esclavos, de los de verdad, como aquéllos que recogían el algodón en grandes superficies y vivían en chabolas, y les azotaban, y el salario que percibían era un poco de agua y lo necesario para mantenerse con vida, ya no es necesario ir al cine. El viento se los llevó y los ha vuelto a traer. Basta con darse una vuelta por el norte de España, pues, al parecer, se ha resucitado esta vieja forma de vida por aquellos lugares. ¿Increíble? Sí, pero cierto.

   Hace poco un joven llamado Ricarde Pereira do Santos denunció que, cuando tenía 14 años, en el año 2003, fue abrodado por unas personas en la frontera entre España y Portugal. Se le convenció para que fuera a trabajar al campo. Allí se vio echando más horas que un reloj, durmiendo en un sótano, sin cobrar otro salario que el alimento, que era escaso, y de vez en cuando alguna que otra paliza. Casi nadie le creyó. Todos pensarían que estaba exagerando, claro.

   Pero con estupor se ha descubierto que no, que no exageraba, que era peor que eso. La Guardia Civil de Navarra no da abasto con las detenciones. Y lo mismo está ocurriendo en La Rioja, País Vasco, Castilla y León y Cataluña. El resultado ha sido el escándalo mayúsculo. Gente trabajadora rescatada de auténticas cloacas y algunos imputados dando explicaciones ante los Jueces de Instrucción.

   El invento es el siguiente. Se crean unas redes que se asientan en todo tipo de lugares donde hay gente marginada: albergues de caridad, estaciones de transporte, indigentes que vagabundean por las calles, toxicómanos, sin techo y todo aquél que no tenga adónde ir, todos ellos portugueses, para más datos. Se les recluta, ofreciéndoles trabajo en el campo y convenciéndoles de una vida mejor.

   A continuación, estas redes facilitan estos trabajadores a empresarios, todos ellos del Norte de España, y nada de gente desconocida, multinacionales, conserveras de cierto tamaño y hasta una bodega de lustre, que ahora teme por su buena reputación, pagando unos dineros a cambio, claro, que la vida está muy cara y las mafias necesitan fondos para poder seguir actuando.

   El siguiente paso es bien sencillo. Estos empresarios de buen nombre los alojaban en unos inmuebles, que eran auténticas cloacas humanas, sin luz ni agua corriente, ¿para qué? pensarían, y a funcionar. Jornadas de catorce horas, fines de semana incluidos, el salario dos euros la hora y de vez en cuando alguna que otra paliza. Este era el futuro prometido a esta gente, reclutada entre personas sin arraigo, analfabeta, con problemas de toxicomanía, de barrios deprimidos o marginales, de albergues para indegentes, mendigos, etc. ¿Quién los iba a reclamar?

   Ustedes pensarán que esto es mortal de necesidad, pero todavía no hemos llegado a la mejor parte del asunto. Esta pobre gente, enferma muchos de ellos, con problemas de salud graves, no ya por el trato inhumano que le dieron, que también, sino porque ya los tenían también antes, quieren volver allí a trabajar, vuelven voluntariamente a lo mismo, a que les exploten, les peguen y los traten como esclavos. Es una esclavitud voluntaria y consentida en pleno siglo XXI y en España.

   No sé qué piensan ustedes de esta noticia. Seguro que algunos dirán que si vuelven es porque no les iba tan mal. Otros tratarán de estudiar este tema desde la psicología humana, para ver por qué estas personas dependen de quien les ha inflingido tan mala vida. Pero yo me pregunto: ¿A dónde pueden ir estas personas? ¿Hay algún sitio a dónde se puedan dirigir? Me pregunto si no será que vuelven, porque no tienen a dónde ir, y eso me da pena, no por ellos, sino por nosotros, porque si éste es el Estado Social y Democrático de Derecho al que aspirábamos, francamente me da lástima.

   Parece que con ponerle un plato de comida a un indigente, a un drogadicto que anda tirado por las calles, a un mendigo que, tal vez, su único problema sea que tiene una enfermedad mental y ninguna familia para echarle un cable, es suficiente. Pero a mí no me lo parece y creo que aquí nos estamos equivocando. No sólo de pan vive el hombre y qué gran verdad es esa.

   En Navarra, en el País Vasco, en La Rioja, en Cataluña y en Castilla y León es un comentario a gritos: !Los esclavos volverán! ¿Quién se lo va a impedir? Son ciudadanos de la Unión Europea, portugueses, que pueden desplazarse libremente por territorio español. Al fin y al cabo, según parece, ningún empresario ha pisado todavía la cárcel por estos hechos, pues los trabajadores desaparecen antes de acudir al juicio y de ellos nunca más se supo. De hecho, que se sepa, no hay nadie en prisión y nadie parece ser responsable de nada.

   Espero que las autoridades competentes consigan erradicar estas formas de vida de nuestro paisaje nacional, porque este suceso me parece una vergüenza.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 21 de Marzo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Inmaculada Echevarría Ramírez, de 51 años de edad, tenía una vida muy limitada. Permanecía todo el día acostada, conectada a un ventilador del que dependía su vida. Padecía desde hacía algunos años una distrofia muscular progresiva, complicándosele el cuadro médico poco a poco con otras enfermedades como la osteopororis. Estaba aquejada de fuertes dolores, sobre todo en el último tiempo. Finalmente tomó la decisión de no querer seguir con esta vida. Manifestó su deseo a morir. Llevaba casi veinte años con una vida llena de limitaciones, consecuencia de su enfermedad, y casi diez acostada en una cama y conectada a un aparato que la permitía respirar, sin el cual no podía mantenerse viva.

   Las autoridades competentes, entre ellas el Consejo Consultivo de Andalucía, declararon que era legal desconectar esta máquina, por petición expresa de la paciente. La ley española así lo permite. Cualquier ciudadano podemos rechazar un tratamiento e Inmaculada Echevarría podía entonces decidir que se desconectara el ventilador del que dependía desde hacía varios años, cuando se le hizo una traqueotomía. No se le podía aplicar una inyección letal, porque estaba prohibido por la ley, dado qeu en España la eutanasia está castigada. Sin embargo, era legal endulzarle la muerte con la administración de analgésicos y sedantes.

   Solucionado el problema legal, el deseo de esta mujer se ha visto cumplido. Echevarría falleció la semana pasada en el Hospital San Juan de Dios de Granada, al desconectarse la máquina que la mantenía con vida. La Delegación Provincial de Salud ha informado públicamente que, antes de desconectarse la unidad de ventilación mecánica que mantenía despierta a esta ciudadana, se cumplió con su deseo de no sufrir. Se le aplicaron sedantes para que la muerte sobreviniera sin dolor alguno. El caso de esta mujer no planteaba problemas legales serios. Su decisión de que su vida acabara ahora y en este momento era válida y también había otorgado un documento de voluntades anticipadas, permitido en España desde el 2002.

   antes de desconectar el ventilador, profesionales médicos y psicológicos la atendieron debidamente y la informaron de todo el proceso que se iba a seguir hasta el final. La decisión de Inmaculada Echevarría era clara y contundente. Su deseo a morir era irrevocable.

   El final ha llegado con una pequeña polémica, pues en algunas ocasiones se llamó eutanasia a lo que no lo era. Ya comenté en un anterior artículo que el caso de Echevarría no es de eutanasia, ni se le parece, sino de limitación del esfuerzo terapéutico. Lo que se llama "permitir la muerte". En España es legal que una persona manifieste su deseo a rechazar un tratamiento. Así lo hizo Inmaculada. Por tanto, su solicitud a que se la desconectara de la máquina es legal y está permitida en nuestro país. La eutanasia es otra cosa. Se han vertido ciertas declaraciones que me satisfacen, pues critican el empleo del concepto de eutanasia en este caso. La noticia ha de ser veraz. Llamar eutanasia a lo que no lo es, aunque pueda resultar morboso o llamativo, es desinformar.

   Así, el primer director gerente del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Don José Sarabia, y el profesor de Bioética de la Universidad de Sophia en Tokio, Don Juan Masía Clavel, han declarado con contundencia que el caso de Inmaculada Echevarría nada tiene que ver con la eutanasia. Sería, por el contrario, un supuesto simple y llano de limitación del esfuerzo terapéutico. Masía además criticó o desaprobó que se hubiera utilizado el concepto de eutanasia en un caso como el que nos ocupa. No sería lo mismo la eutanasia, que la limitación del esfuerzo terapéutico, en el cual el paciente manifiesta libre y conscientemente su voluntad o deseo a morir rechazando un tratamiento.

   Ahonda en que en estos casos la administración de un sedante o un analgésico, para suprimir los dolores del paciente durante las últimas horas anteriores a su muerte sería completamente legal.

   Por su parte, el Comité Ético de la Junta de Andalucía y el Consejo Consultivo Andaluz han resuelto con acierto que en el presente caso no podemos hablar de eutanasia. Es un caso de limitación de esfuerzo terapéutico, declaran.

   Con esta noticia llegal el final de la historia de esta mujer, que si bien no puede catalogarse como un caso de eutanasia, no por ello su noticia nos ha dejado indiferentes.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 14 de Marzo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   No es la primera vez que me pronuncio sobre lo intolerante que es a veces nuestra sociedad. Es casi reaccionaria. Se asusta de los cambios. Los rechaza. Los evita. No se cuestiona si pueden ser mejores o peores. Prefiere mirar a otro sitio.

   La mayorías no dejan que las minorías puedan vivir, respirar, abrirse paso. Realmente me asombro. Qué difícil resulta hoy vivir de acuerdo con unos cánones o costumbres que no sean los de la mayoría. Se juzga constantemente a lo que se considera minoritario. Se le tacha de marginal, desviado, no correcto, hasta enfermo.

   Nuestra democracia nos regaló algo grande, no la libertad, sino vivir en libertad. Poder elegir dónde vivir, cómo hacerlo, con quién hacerlo, cómo ganarnos los vida, como diseñar nuestra propia vida. La independencia, poder tomar nuestras propias decisiones, aunque nos equivoquemos, es el valor más grande que puede tener cualquier persona, después de existir, claro.

   Sin embargo, lejos de cuidar esta bonita combinación de colores, este estado ideal, la lucha máxma a la que puede aspirar un ser humano, la aspiración por la libertad, parece que nos estamos empecinando por convertirnos en pequeños dictadores, cada uno en nuestro ámbito de poder, ya sea mayor o más pequeño, cada uno donde puede, donde le dejan.

   No me hato esta reflexión en vano. Era una idea que ya me rondaba. Pero lejos de abandonarme, cada día se asienta más en mi cabeza.

   España lleva ya, sobre todo hace algunos años, intentando luchar contra el maltrato a la mujer. Se intentó combatir la muerte sexista y ello llevó a aprobar una reforma del Código Penal, a mi juicio, inconstitucional. Con estupefacción hemos podido comprobar que unas leyes penales contrarias a la Constitución no nos han sacado del atolladero, porque los malos tratos con resultado de muerte han aumentado.

   Ahora yo me pregunto si el problema no sea que cada día nos estamos radicalizando más y cada vez seamos más intolerantes. Me planteo si estamos tirando las oportunidades que nos brinda nuestra democracia por la borda, dándonos los unos a los otros la peor vida entre todas las posibles.

   No le damos mucha importancia al maltrato que puedan estar sufriendo los jóvenes homosexuales o transexuales. Los resultados del estudio sobre adolescencia y sexualidades minoritarias, elaborado por la Comisión de Educación del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid pueden ponerle a uno los pelos como escarpias.

   Según este informe, nuestros jóvenes gays se llevan la palabra "suerte" constantemente a la boca. Suerte por ser homosexuales y que en los centros educativos a uno no lo agredan, lo aíslen, suerte por tener amigos, suerte por no recibir palizas. Todos llegan a la misma conclusión: "Que no te peguen por ser gay es una suerte". Estos jóvenes se quejan de no ser además aceptados por sus propios padres, con los que no tienen libertad para hablar de su problema. Para mí la palabra homosexual aquí está mal empleada. Ser homosexual o bisexual no es un problema, es una opción sexual, igual de digna que la de cualquiera.

   La razón por la cual, antes de tratar el tema de la discriminación homosexual en los centros educativos, he querido pasar, medio de puntillas, por delante del maltrato a la mujer, es para atar dos cabos de dos sectores que, a veces, tienen que pedir disculpas por ser quienes son, dar las gracias por no haber sido maltratados.

   Y es que, lo queramos ver o no, parece que vivimos en la era del acoso y del maltrato, entre compañeros de trabajo, en los centros educativos, en las relaciones sociales, en la familia. La mayor amenaza a la persona está empezando a ser la aceptación social, laboral y familiar. Si este resultado lo ponemos en relación con el espíritu democrático que tendría que regir nuestras acciones contidianas, se nos pueden encender todos los pilotos de emergencia.

   La solución no está en el endurecimiento de las penas. Está en nuestras mentalidades. Si algo está fallando en esta sociedad, que nos aboca a ser intolerantes y a maltratar, propongo que se estudien las causas y que se intente erradicar este germen ya desde nuestra tierna infancia. Propongo que, ya desde pequeños, a los menores se les imparta una asignatura obligatoria sobre la tolerancia y comportamiento democrático.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete  - 7 de Marzo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Inmaculada Echevarría Ramírez, mujer de 51 años, y Ramón Sampedro son dos casos distintos, que sólo tienen en común su deseo a morir. Con la petición de esta ciudadana se ha reabierto el debate de la eutanasia, aunque me parece que algunos nadamos, más que "mar adentro", en un mar de confusiones.

   Ramón Sampedro, que inspiró la célebre película de Alejando Amenábar, como consecuencia de un accidente, se quedó tetrapléjico. Su vida no dependía de estar enchufado a ninguna máquina, por lo que su deseo a morir sólo podía hacerse realidad encontrando a una persona que pusiera a su alcance lo necesario para cumplir su última voluntad.

   Inmaculada Echevarría, por el contrario, padece una distrofia muscular progresiva, lo que la obliga, como el anterior, a estar postrada en una cama, pero que para vivir necesita estar initerrumpidamente conectada a un ventilador mecánico. Cansada de esta vida, declara que pide la eutanasia.

   Si bien el Gobierno andaluz en un principio contestó diciéndole que en su caso nada se podía hacer, pues la eutanasia estaba penada y que, en todo caso, se tendrían que pronunciar los tribunales, finalmente el Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que apagar la máquina a la que está conectada es legal y no se podrá castigar a los médicos que lo hagan.

   El caso de esta señora se ha considerado un importante precedente, al autorizarse la desconexión del ventilador. No dudo que sea un precedente, pero tampoco me cabe duda que esto ya estaba permitido en España. Cuando en este caso se habla de eutanasia, en realidad se está hablando de otra cosa, de "permitir la muerte", que no tiene nada que ver con lo primero.

   Pero se presenta otro problema en esta cuestión. Echevarría sabe que, una vez desconectada la máquina, vivirá unos últimos momentos de agonía y sufrimiento que le gustaría evitar. Por ello, solicita también que se le aplique una inyección letal. Esto sí sería eutanasia. La única forma de hacerlo legalmente sería aplicándole un anestésico o un sedante y así se ha pronunciado, acertadamente, el Consejo Consultivo de Andalucía. Empero califica este caso de eutanasia pasiva no punible o indirecta. Me parece erróneo mezclar la palabra eutanasia, cuando se trata de asuntos que nada tienen que ver.

   En este país se permite que una persona rechace un tratamiento, lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Las leyes españolas lo autorizan. Hablar de eutanasia pasiva confunde. La eutanasia es otra cosa. Tan eutanasia es suministrarle a una persona una inyección letal, como dejar de aplicarle un tratamiento, en ambos casos con el fin de alcanzar su muerte, para librarla de ciertos sufrimientos tortuosos.

   El caso de Ramón Sampedro era típico de eutanasia. En sus manos no estaba decidir si rechazaba o no un tratamiento, porque aunque vivía postrado en una cama, no necesitaba de ninguna máquina para mantenerse vivo. Su deseo de morir sólo podía materializarse si encontraba a alguna o algunas personas que estuvieran dispuestas a conseguirle y ponerle a su alcance lo necesario para causar su propia muerte. Lo mismo hubiera sucedido si el enfermo no hubiera podido ingerir el veneno por sí mismo, sino que necesitaría de una persona que se lo inyectara. Uno y otro caso requieren la colaboración más o menos intensa de personas ajenas, pero ambos son de eutanasia.

   Inmaculada Echevarría, por el contrario, que también tiene que vivir acostada todo el día, necesita de un ventilador para vivir. Si se desconecta el aparato, se apaga su vida. Ella no necesita de colaboradores o personas comprometidas con sus deseos. Basta con que manifieste su voluntad de que se desconecte ese aparato. Lo puede hacer y es legal. Igualmente, es legal que, por petición de la enferma, se le suministre una inyección letal con un sedante o analgésivo para facilitarle su muerte.

   Además, en España desde el año 2002 se permiten los testamentos vitales. Esto consiste en un documento en el que todos podemos manifestar con anticipación nuestra voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desearíamos recibir, para que ello se cumpla, si, por algún caso, nosotros nos viéramos impedidos de manifestarla, como podría ocurrile a una persona que se quedara vegetal. Aunque ya no pueda hablar, su voluntad ya estaba escrita.

   Echevarría es un caso de muerte permitida o, como lo llamarían algunós técnicas, limitación del esfuerzo terapéutico; pero jamás de eutanasia.

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 28 de Febrero 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   En nuestros días ser prostituta no es delito. No obstante, alrededor de esta profesión giran muchos de ellos. Pero la prostitución tiene otro problema. Ser prostituta, más que ilegal, es alegal. No existe ninguna ley que regule el servicio que prestan las prostitutas. Es como pisar en tierra de nadie. Son como pequeñas selvas de un amplio paisaje, donde el derecho todavía no ha penetrado ni se atreve a hacerlo.

   Regular la prostitución o no es algo de lo que se viene debatiendo desde hace años, pero sin llegar a puerto ninguno, pues seguimos igual que siempre, debatiendo.

   Lo cierto y verdad es que hay tantas posturas acerca de qué sería lo más política y constitucionalmente correcto como personas han intentado tratar el tema. Es tremendamente difícil encontrar dos opiniones que coincidan.

   Todo el mundo sabe lo que es prostituirse. Consiste en mantener relaciones sexuales con otra a cambio de dinero. Este servicio además es ofrecido en la actualidad por hombres y mujeres y, si bien, la femenina sigue siendo mayoritaria, al parecer un 80 %, la masculina está experimentando un progresivo avance. Hay otro tipo de prostitución que también va en aumento y que considero que no sólo no ha de ser reglamentada, sino además fuertemente castigada, como con acierto ocurre hoy, y es la infantil.

   El Congreso de los Diputados ha desaconsejado recientemente que se regularice este servicio. Se pone el acento en que en los países donde se ha regularizado la prostitución, ésta ha aumentado. Además, se considera como un trabajo inconstitucional, pues el Estado tiene la obligación de procurar que el individuo sea igual y libre y nuestra Constitución no permitiría discriminar a las personas por el sexo u otras condiciones.

  Francamente no entiendo esta postura. No puede haber mayor desigualdad que condenar a un sector social a caminar subterráneamente, sin que exista una ley que regule o haga frente a su actividad diaria. Me pregunto qué problemapuede haber en que una persona, eso sí voluntariamente, decida comerciar con su cuerpo, siempre y cuando se haga respetando, como todo el mundo, una ley que regule su actividad.

   Cuando se alzan voces desaconsejando la regularización de la prostitución y defienden que es un servicio que denigra a la mujer, me cuestiono si no se está discriminando entonces a los hombres que se prostituyen, privándolos de una normativa que regule sus servicios. A dónde quiero llegar es a hacernos reflexionar, si en la actualidad se puede seguir manteniendo este argumento, cuando vivimos un especial aumento de la prostitución masculina.

   Por tanto, esta postura contraria a dictar una ley que regule la prostitución ya no me convence. Pero se ha dicho también que en los países donde se ha regulado la prostitución ésta ha aumentado, y esto sería un argumento más en contra de regularizarla. Y yo me pregunto si podría ser que lo que haya pasado en realidad es que el ejercicio de este trabajo haya aumentado en todos sitios, porque difícilmente podemos saber si en España ha aumentado o no, debido a que al ser una actividad alegal, no hay control de ningún tipo, ni podemos saber con certeza si aumenta o desciende. No me convence entonces esto tampoco.

   Sin embargo, sí me convence la regularización, por muchos motivos. En primer lugar, porque entiendo que desterrar del todo esta actividad de la cotidianeidad de nuestras vidas es totalmente imposible y la estadística nos dice además que no sólo aumenta, sino que ahora también participan en su ejercicio los varones. Es decir, la tendencia no es a desaparecer en absoluto.

   Por ello, mientras el Estado organiza programas y busca soluciones para conseguir que esta actividad se ejerza lo mínimo posible, como pretende, no veo por qué tiene que existir ningún problema en regularizarla mientras ello no se consiga.

   Y, por supuesto, entiendo que habría que castigar a quien obligara a prostituirse a otro mediante el engaño, la fuerza o el secuestro. Pero el problema viene cuando esta actividad se ejerce voluntariamente, porque al no haber ley, además el caldo de cultivo para los abusos podría ser copioso. Pero hay un problema grave aquí y es que, el parecer, según estudios recientes, al no haber control en estos servicios, las enfermedades de transmisión sexual proliferarían a velocidades supersónicas, con lo que, al parecer, muchos clientes dejan de confiar en las prostitutas, se vuelven más exigentes y se decantan por la prostitución infantil, porque entienden que tienen menos posibilidades de contagio. Ésta sí que es gorda.

   Para mí supone un enorme avance, por todo, lo que ha hecho Cataluña con su anteproyecto de ley, que ha dado un paso por delante del resto de España y ha dicho sí, aunque con ciertos matices, a la regularización de la prostitución.