Detenciones y multas con humor

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 23 Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Lo normal, cuando abrimos las páginas de un periódico, y nos fijamos en alguna noticia sobre una detención o una multa, es dar con casos del tipo de algún ciudadano que ha matado a alguien, le han pillado atracando un establecimiento a mano armada o traficando con drogas. Es decir, esperamos que lo normal, cuando se detiene a alguien, sea por alguna causa realmente justificada. Lo mismo podría decirse en torno a las multas, sobre todo si ascienden a cierta cantidad.

   Pero no. Ahora lo que se lleva es detener y multar por tonterías, y no sólo en España, sino que debe ser una epidemia a nivel mundial. Y si bien parece que nuestros agentes deberían de preocuparse de capturar y detener a personas que pudieran tener un historial delictivo más que peligroso, o a aquéllos ciudadanos que estén cometiendo delitos de cierta envergadura, como robos, homicidios, violaciones, secuestros y un largo etcétera, parece que están más concentrados en detener y multar a ciudadanos por llanas y absolutas simplezas.

   La razón no sería otra, según las úlltimas informaciones, que a los agentes, a nivel mundial, se les podría estar poniendo unos objetivos a cumplir, que podría estar provocando que en vez de dedicar el tiempo a evitar los delitos realmente importantes, se tuvieran que concentrar en nimiedades, para poder cumplir con las estadísticas marcadas.

   Así, por ejemplo, en Gran Bretaña este asunto está de aplastante actualidad, donde la Policía británica ha reconocido expresamente que practica arrestos ridículos para cumplir los objetivos que le habría marcado el Gobierno. De este modo, pese a que en este país se podría estar sufriendo la ola más intensa de asesinatos de su historia, los cuerpos de seguridad estarían muy atareados en otros casos más urgentes de los que preocuparse, como arrestar a chavales que están jugando con unas pistolas de plástico o parejas que discuten por las calles.

   La Federación de Policía no escatima en reconocer este atropello a la libertad ciudadana, y explica que, para cumplir con los objetivos impuestos, han de practicar arrestos surrealistas, pues lo que importa ya no es reprimir la delincuencia, sino cumplir con las estadísticas.

   En consecuencia, se han producido casos muy llamativos que pueden provocar al lector auténticos ataques de risa. Por ejemplo, se procedió a detener a un joven por arrojar una rodaja de pepino de su bocadillo a un vecino. Otro ciudadano habría sido amonestado por llevar consigo un huevo con la intención de arrojarlo. Una mujer fue arrestada el día de su boda por llevarse por delante la barrera de salida de un aparcamiento, después de que se le escurrió el zapato del acelerador. Otro habría sido amonestado por tirarle un vaso de agua a su novia en el curso de una discusión de pareja. El objetivo no es otro que hinchar los resultados y cumplir con las expectativas marcadas.

   Sin embargo, la cosa es grave. Y es que no sólo se está criminalizando y alienando a ciudadanos medios, que son los que suelen cumplir la ley con más escrupulosidad, sino también se estaría haciendo una injerencia en el ámbito o círculo de libertades de la ciudadanía más que peligrosa en países que se rigen por un régimen democrático.

   En España contamos con casos parecidos y no sólo a nivel de detenciones, sino también a nivel de multas ridículas y desproporcionadas. Así, un joven en Málaga habría sido multado con la friolera de cien euros por tirar las cáscaras de las pipas que comía al suelo. Otra multa original es la que han puesto a un ciudadano, ascendente a la escalofriante suma de mil doscientos setenta y siete euros por no censar a su perro, que era un cruce de pastor alemán. Otro ciudadano se habría visto multado con quinientos cincuenta y dos euros y nueve puntos menos en el carné de conducir, por circular en bicicleta por la acera y con auriculares. En el último tiempo he conocido también casos de personas que parece se han visto multadas o detenidas por cantar por la calle o caminar a sus domicilios ebrios.

   Si quieren que les cuente un caso realmente surrealista, el que ha ocurrido en Pittsburg. Un joven estudiante llamó a un organismo público oficial para pedir una información. Al cabo de unas horas irrumpió en su domicilio un escuadrón de policías y, así sin más, se ve preso preventivo. La razón había sido un aviso de bomba que se había hecho por teléfono a la misma hora. Cuál no fue la sorpresa de las autoridades, cuando se dieron cuenta que ese mismo día se había cambiado la hora y que los aparatos de registro habían anotado las llamadas con una hora de retraso. El resultado es un pobre ciudadano muerto de asombro en prisión y un bromista en algún lugar del globo destornillándose de la risa.

Escándalo funcionarial en Talavera

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 16 de Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Hay una cosa que está muy clara. Cuando las Administraciones funcionan irregularmente, los ciudadanos nos debemos quejar. Pero no por la calle, que también. Sino presentando las correspondientes quejas ante los organismos competentes. Sólo así se pueden frenar ciertas situaciones. Si nos atropellan y nos callamos, nada se soluciona. Si nos privan de nuestros derechos y no denunciamos, todo se quedará en rumores de un patio de vecinos.

   No soy partidaria de pronunciarme sobre situaciones, cuando me pueden faltar datos; pero sí creo conveniente hacerme eco de una noticia, y que sirva de precedente. En Talavera de la Reina (Toledo) el escándalo está servido y para rato. Hasta 14 familias habrían denunciado al Registro Civil de Talavera y, concretamente, a una funcionaria, por no inscribir a gitanos ni inmigrantes, quienes, entonces, no existirían para el Estado español.

   Con este asunto la alarma en los registros civiles podría estar al rojo vivo. Más del 40 % de las quejas que los ciudadanos dirigen contra la Administración de Justicia y su funcionamiento se refieren a los registros civiles.

   La denuncia contra el Registro Civil de Talavera la ha encabezado el Movimiento contra la Intolerancia, cuyo presidente es Esteban Ibarra, y se habría presentado ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia. La razón es un trato grosero y presuntamente discriminatorio hacia gitanos e inmigrantes.

   Pero la batalla no habría hecho más que empezar, pues, al parecer, la funcionaria contra la que se dirigen las denuncias se habría querellado, a su vez, contra cuatro denunciantes por calumnias e injurias, después de que éstos presentaran una queja por su comportamiento ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial, de modo que los ciudadanos protestantes se podrían encontrar el día de mañana con una condena con sanción penal incluida.

   El Movimiento contra la Intolerancia ha reclamado que las autoridades competentes intervengan inmediatamente en este peliagudo asunto. en estos momentos, el tema está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha habría abierto unas diligencias informativas a la funcionaria cuestionada de estas dependencias registrales.

   Según Esteban Ibarra, estos denunciantes consideran más que inaceptable el comportamiento de una funcionaria del Registro Civil de Talavera, debido a que durante años el trato dispensado habría sido totalmente inadecuado, poniendo constantes obstáculos en las inscripciones, recién nadios incluso, en la obtención de permisos para la celebración de matrimonios civiles e, incluso, se queja una ciudadana de haber tenido que escuchar de esta funcionaria comentarias acerca de la idoneidad o inidoneidad de su boda con un marroquí.

   Es más que evidente que manifestaciones o recomendaciones de este tipo por parte de los funcionarios están más que fuera de lugar y, a mi juicio, podrían ser constitutivas de un trato vejatorio y degradante hacia un ciudadano que sólo pretende cumplimentar los trámites para casarse con quién quiera. Contraer matrimonio es un asunto que sólo es de la incumbencia de los contrayentes. Hacer comentarios en los registros acerca de si un matrimonio es o no de conveniencia, o si el marido maltratará a la mujer, por ser marroquí, como al parecer habría ocurrido, a mi juicio, es una bárbara extralimitación en las funciones propias de estos trabajos públicos.

   Lo cierto y verdad es que la funcionaria todavía no ha hecho declaraciones al respecto y no convendría prejuzgar un asunto sin escuchar a la otra parte. Pero no es menos cierto que gracias a estas denuncias se han puesto sobre el tapete las grandes deficiencias de las que, en la actualidad, adolecen los registros públicos de nuestro país. Como muy bien ha apuntado Ángeles García, vocal del Poder Judicial responsable del Área de Atención al Ciudadano, antes los Registros Civiles apenas tenían movimientos. Lo que contrasta con la situación actual, en la que la gente se divorcia, adopta, se impugnan paternidades y, sobre todo, hay un importante flujo migratorio.

   Por todo ello, se haría necesario adoptar y poner en marcha un plan urgente de modernización de estas Administraciones a todos los niveles, sin olvidar que las Adminsitraciones están al servicio de los ciudadanos y que los funcionarios no se han de creer los dueños del cortijo, según palabras de García, que me parecen acertadas, debido a que cualquier persona que ejerza un trabajo público habría de tener un trato exquisito con los ciudadanos, que no van allí a molestar, sino a ejercitar sus derechos.

La Duquesa de Alba y el SOC

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 9 de Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   No es la primera vez que el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) denuncia la situación laboral de los jornaleros del campo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ya, en reiteradas ocasiones, hizo declaraciones tales como que los terratenientes no han hecho nada por Andalucía y les culpa incluso del subdesarrollo de la Comunidad ya que, considera el sindicato, entre otros puntos, éstos estarían explotando a los inmigrantes, ocupando vías pecuarias y disfrutando del dinero procedente de las arcas de la Unión Europea.

   Con este tipo de críticas, que el sindicato dirigía a los propietarios de las tierras de cultivo, comenzaron a astillarse las relaciones entre éste y la Duquesa de Alba, Doña Cayetana Fitz James Stuart, que tuvo ciertas protestas de sus propios trabajadores, por no cumplir lo establecido en las leyes laborales que los protegían.

   La polémica fue subiendo de tono y alcanzó su punto álgido cuando el 28 de febrero del año pasado la Junta de Andalucía concedió el título de Hija Predilecta a la Duquesa. Ello provocó una manifestación del sindicato en contra de esta concesión, saldándose la Duquesa con unas declaraciones ante una cadena de televisión, afirmando que lo que dijeran los manifestantes le daba lo mismo, puesto que no eran más que "delincuentes, gentuza y cuatro locos".

   Cuanto menos, sorpreden estas declaraciones de una señora que, siempre que los medios de comunicación le preguntan sobre su familia, dado que algunos parece que viven de salir en las revistas, contesta murmullando que los periodistas no tienen educación. Visto lo visto, no sé hasta qué punto pudiera considerarse recomendable aprender de la suya, claro.

   A esa manifestación convocada por la concesión de un título que, según los presentes, no se merecía, habían acudido trabajadores y afiliados a este Sindicato de Obreros del Campo, y, por supuesto, este último consideró injuriantes las declaraciones de esta señora, presentando la correspondiente querella el 15 de mayo, por falta de injurias, dado que con estas declaraciones se habría vulnerado el honor del SOC, pidiendo la condena a una multa por importe de veinte mil euros.

   De la misma conoció un Juzgado de Instrucción de Sevilla, el número 8, que absolvió a Doña Cayetana, por entender que los sindicatos no pueden sufrir ataques en su honor y, por tanto, no podrían considerarse víctimas de un delito de injurias y de calumnias, aunque llamaron a su colectivo delincuentes, gentuza y cuatro locos.

   Como era de esperar, muy acertadamente, la Audiencia Provincial revocó tan sorprendente fallo, pues entendió que el sindicato podía perfectamente presentar una querella en su nombre, solicitando la condena de la Duquesa por injurias, pues qué decir cabe que los sindicatos también tienen un derecho al honor, y que insultar a todo su colectivo es constitutivo de una infracción penal. Así lo creo yo también, pues si la mayoría de los asistentes eran militantes y simpatizantes del Sindicato de Obreros del Campo, llamarles gentuza, delincuentes y locos afecta a la fama del sindicato mismo.

   Así, la Audiencia Provincial devolvió de nuevo el asunto al Juzgado de Instrucción, para que fuera éste el que se pronunciara, bajo estos parámetros, sobre si tales insultos habían quedado probados y si procedía condenar a la Duquesa. El resultado fue una sentencia en la que se condena a Doña Cayetana Fitz James Stuart a pagar una multa total de seis mil euros, que supongo que será un pellizquín de nada en su amplio y extenso patrimonio personal, y de los veinte mil que se pedían a los seis mil que la han condenado, todavía se puede dar con un canto entre los dientes.

   Lo cierto y verdad es que la Duquesa de Alba ha apelado esta sentencia pues, según el argumenta el letrado, es inconcebible que el mismo Juzgado que la absolvió meses antes, ahora la haya condenado, por lo que la sentencia no es firme y habrá que esperar, de nuevo, a la resolución de la Audiencia Provincial.

   Por su parte, el Sindicato de Obreros del Campo presentará ahora una demanda, reclamando la indemnización que le corresponda por estos insultos y ha solicitado al Presidente de la Junta de Andalucía que le retire a la Duquesa la distinción de Hija Predilecta, pues el mismo día que le dieron este reconocimiento cometió un hecho delictivo, por el que ahora ha sido condenada.

   Y bien cierto es que con declaraciones de este tipo la Duquesa de Alba, más que ganarse amigos y lucir con orgullo su título de Hija Predilecta, ha quedado a la altura del betún, altura a la que también arrastra al propio reconocimiento de la predilección. Ahora sólo queda esperar la decisión del Presidente de esta Comunidad Autónoma, que, supongo, no se lo retirará, para vergüenza de otros condecorados con el mismo.

Las armas las carga el diablo

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 2 de Mayo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Mucho se ha discutido y se debate acerca de si se tendría que facilitar lo máximo posible a los ciudadanos la posesión de un arma de fuego, porque hay personas que defienden el sí, con sus argumentos, y otras que defienden el no, con sus argumentos también.

   Lo cierto es que aquéllos aficionados a las armas, que defienden la liberalización de este mercado, argumentan que la proliferación de armas de fuergo entre la ciudadanía disminuye sensiblemente la cifra de delitos, pues, a título de ejemplo, no sería lo mismo plantearse entrar en una casa a robar, en la que podría existir un arma de fuego, que entrar a robar en una casa en la que es muy poco probable que exista.

   Además, estas personas defienden el uso razonable de las armas de fuego y nos dan una serie de consejos para no tener accidentes domésticos: no llevar nunca munición en la recámara; examinar siempre el arma, para ver si está cargada; no apuntar a nadie con un arma de fuego; mantener el dedo apartado del gatillo hasta que el arma apunte al blanco; no abandonar nunca un arma; no jugar con las armas; no tirarlas contra el suelo.

   El otro día hablando con un cazador profesional, éste me defendió la tenencia de armas de fuego y me comentó que es muy poco probable que una persona pueda tener un accidente si no apunta a nadie con un arma de fuego, a no ser que vaya a disparar. A mí aquello me dejó muerta. Porque claro, en el momento en que se dispara un arma de fuego, se habría cometido un homicidio y, por tanto, estaríamos en presencia de un delito. Y entonces me pregunto: ¿Dónde ven estas personas que la tenencia de un arma de fuego disminuya la delincuencia? Claro, si para uno no hay más vida que la propia, supongo que el hecho de haber disparado a otro con un arma de fuego no significa que la cifra de delitos haya aumentado, dado que uno sigue vivo. ¿Y la vida del otro no cuenta? Será este el razonamiento de estos ciudadanos.

   Pero vamos a las estadísticas, que nos dicen que hoy en el mundo van a morir mil personas como consecuencia de un arma de fuego, y otras tres mil van a resultar heridas. En los Estados Unidos podría estar muriendo un menor de edad cada tres horas por herida causada por arma de fuego. En un año podrían llegar a morir tres mil niños y adolescentes por esta causa, que hacen un promedio diario de ocho vidas. A los Estados Unidos los heridos y los muertos por armas de fuego les podrían estar costando alrededor de cien millones de dólares al año. Ahora pensemos la cantidad de cosas que se podrían hacer con este dinero.

   Y es que cada día es más fácil hacerse con un arma de fuego en ciertos países e, incluso, los gobiernos estatales estarían promulgando leyes que minan los esfuerzos para controlar las armas. Se hace cada día más difícil averiguar quién ha comprado un arma de fuego y el tráfico ilegal de éstas estaría viviendo su siglo de oro.

   En Argentina, las muertes causadas por arma de fuego son la segunda causa de fallecimiento y en la capital sería la primera, superando las muertes por carretera, las enfermedades y los accidentes domésticos.

   Latinoamérica es además el continente que sólo se arroga el 42 % de todas las muertes causadas por armas de fuego que se producen en el mundo. La explicación que dan las autoridades pertinentes es la concentración masiva que se estaría produciendo de estas armas en manos de la población civil. Se puede acudir fácilmente y sin ningún esfuerzo al mercado negro, para hacerse con uno de estos objetos. Comprar en Buenos Aires una pistola robada podría costar sobre unos cuarenta euros y contratar a un sicario unos dos mil euros. En otros países de Latinoamérica la cifra podría llegar a ser incluso inferior.

   En el resto del mundo el 60 % de las armas de fuego estarían en manos de particulares y en Brasil el 90 % de ellas. Sólo en este último país habrían fallecido, que se sepa, 36.000 personas por arma de fuego en el año 2006. En Estados Unidos tener un arma de fuego es hasta un derecho constitucional.

   Para mí la cuestión no tiene vuelta de hoja. Evidentemente, la proliferación de armas de fuego causará muertes por armas de fuego, que serán mayores en proporción al número de armas que tenga la población civil. Fundamentar la disminución de la criminalidad en el hecho de que hay menos probabilidades que nos atraquen por la calle, si existe una sospecha mayor de que podríamos tener un arma de fuego, me parece irracional. Sería convertir nuestras calles en un tiroteo e imperar la ley del que desenfunda primero es el que gana. Cuando uno se compra un arma de fuego, para usarlo en defensa propia, tarde o temprano hará uso de él, y lo hará contra alguien. Y en cuanto a las muertes de los menores de edad con armas de fuego, ¿Cuál sería la solución? ¿Equipamos también a nuestros hijos con pistolas?

Holocausto y regímenes totalitarios

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 25 de abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   El Holocausto fue el asesinato sistemático y masivo de aproximadamente seis millones de judíos. Fueron asesinados por el nacionalsocialimos, cuya cabeza visible era Adolfo Hitler. Este dictador para unos fue un exterminador, pero para otros, los menos, un héroe. Todavía hay personas que ensalzan su ideología, sus crímenes, sus símbolos, y que niegan la existencia del Holocausto.

   Por esta razón, la Unión Europea tiene el compromiso firme de luchar contra el racismo y la xenofobia. Ha aprobado una ley que entrará en vigor, lo más seguro, a finales de este año. Los países miembros de la Unión Europea tendrán dos años para adecuar su Código Penal a esta ley. Para España, esta decisión marco no acarreará modificaciones en nuestra ley penal, pues este tipo de comportamientos ya eran delito antes en nuestro país.

   Aprobar esta ley a nivel europeo ha sido una tarea muy difícil. No había acuerdo entre los países miembros. Todo fue una iniciativa de Alemania. En este país y en otros de Europa se castiga hasta con pena de prisión de cinco años negar el Holocausto. Pretendía que a nivel europeo se aprobara un reconocimiento igual en este sentido y se extendiera esta medida a los 27 países miembros. No cabe duda que todos los países europeos consideran un comportamiento vergonzoso negar la matanza de los seis millones de judíos. Sin embargo, llegar a un acuerdo era muy difícil, porque es una de las materias en las que la legislación europea más difiere.

   Los países nórdicos, sobre todo Suecia y Dinamarca, consideraban que la ley podría restringir la libertad de expresión, fuertemente protegida en las constituciones de estos países. Gran Bretaña, por su parte, no quería que se hiciera alusión al tema de la religión. Italia no estaba de acuerdo con que se castigara expresamente la negación del Holocausto. En opinión de Berlusconi, si respetamos la libertad de expresión, no podemos prohibir los partidos políticos de ideología neonazi.

   Al final el dilema se ha resuelto estableciendo penas de prisión de uno a tres años para quien secunde conductas racistas, xenófobas o negación de genocidios. Se castiga a quien incite a la violencia o al odio o a quien públicamente niegue o trivialice con los crímenes de genocidio o contra la humanidad, que hayan sido juzgados por tribunales internacionales. Se hace referencia expresa al Tribunal de Nüremberg, con el consiguiente reconocimiento implícito del Holocausto. Este Tribunal fue el que juzgó los asesinatos cometidos por el Gobierno nacionalsocialista alemán dirigido por Adolfo Hitler, que se suicidó a finales del conflicto bélico.

   El principal problema, no obstante, para poder aprobar esta ley, fueron las objeciones que hicieron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, debido a que solicitaron se incluyeran también los crímenes del estalinismo. La ley que ha aprobado la Unión Europea ha deliberado por no hacer referencia a los caídos durante el régimen de Stalin. No obstante, convencer a estos países de esta omisión no ha sido, para nada, tarea sencilla.

   La razón por la que la Unión Europea no ha querido hacer alusión a los asesinados durante el estalinismo, es la misma por la que tampoco se ha incluido en el texto a los asesinados por el nacionalsocialismo en campos de concentración, no por ser judíos, sino por ser alemanes, pero tener una ideología contraria al régimen. Lo mismo cabría predicar de los asesinados durante el régimen de Mussolini o del General Franco, todos ellos por motivos ideológicos o políticos.

   La decisión de la Unión Europea me parece acertada. La ley se limita a eregirse en reconocimiento general que merece la condena de cualquier comportamiento que incite al racismo y a la xenofobia, así como al negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad, incluyendo, a petición del Gobierno de Alemania, una referencia expresa a la negación del Holocausto.

   Sin embargo, el Consejo no pretendía con esta ley castigar a quien negara públicamente los crímines cometidos durante la vigencia de cualquier régimen totalitario, y no porque no los condene, que los condena, sino porque este tipo de crímenes tendrían una razón de ser diferente, ya sea política o ideológica, pero no estarían impulsados por sentimientos racistas o xenófobos, que era justamente lo que se pretendía castigar y no otra cosa. Mezclar crímenes políticos o ideológicos con crímenes xenófobos o racistas sería como mezclar las churras con las merinas, o confundir velocidad y tocino.

   En conclusión, parece que felizmente la ley ha podido ver la luz de su vigencia, aunque a nosotros los españoles esto no nos afectará, dado que estas conductas ya estaban penalizadas y, a título de ejemplo, el miércoles pasado, en la ciudad de Barcelona, se produjo la detención de un joven que mantenía y publicitaba una página web con contenidos de esta guisa.

Prisiones con mucho arte

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 18 de abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   A veces se tiene una imagen equivocada de las prisiones. El Estado no debería encerrar a los ciudadanos condenados a pena de prisión en estos centros con la exclusiva finalidad de castigarlos.

   Nuestra Constitución Española afirma que las penas que consistan en la privación de libertad, entendiéndase prisión o centros de menores, deben orientarse hacia la reinserción social, y ésta sería el objeto primordial y muy importante hacia el que se tiene que orientar cualquier actividad penal y penitenciaria. En consecuencia, la actividad de las prisiones se ha de ejercer respetando sobre todo la personalidad humana y la dignidad de todas las personas que se encuentren recluidas en prisión, sea cual sea el delito por el que estén.

   Sin embargo, dado el estado actual de muchas prisiones, es totalmente imposible cumplir con esta aspiración de reinserción social a la que alude nuestra Constitución. Muchas veces las prisiones son edificios muy antiguos, con una infraestructura deficiente y poco apropiada, que adolecen además de muchas carencias de tipo material y un largo número de etcéteras. Si a ello unimos la coyuntura de estar muchas prisiones masificadas, la reinserción social se convierte en un objetivo inalcanzable.

   Si bien es cierto que para cumplir con esta finalidad y solucionar una realidad tan dramática en un estado democrático, la Administración está haciendo esfuerzos para rehabilitar muchas y nuevas prisiones, así como construir edificios nuevos, dotados de material moderno y organizando el espacio de tal modo que la dignidad de los presos se convierta en un hecho, todavía queda mucho camino por recorrer, para que las prisiones sean un lugar donde, si bien se va a cumplir una condena, los internos puedan seguir progresando y avanzando en sus aspiraciones personales, de modo que, cuando salgan de ese trance transitorio, no se encuentren  con una muerte en vida.

   Para la evolución y desarrollo emocional del ser humano es fundamental sentirse útil en algo y tener una autoestima equilibrada, tener unas ilusiones, unas expectativas y unas esperanzas de vivir.

   Por esta razón me parece digno de un aplauso la iniciativa que ha tenido la Administración Penitenciaria en acuerdo con la Comunidad de Madrid, pues han posibilitado la apertura desde este mismo lunes de una tienda, Asombra, ubicada en Madrid y dedicada exclusivamente a vender una serie de productos artesanos, que tienen como denominador común y especial el hecho de haber sido fabricados y acabados por reclusos de centros penitenciarios de toda España y por menores infractores pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

   Es la primera vez en España que se abre una tienda con estas características y que ojalá sirva de ejemplo y pauta a otras Comunidades Autónomas, para colaborar con la reinserción social de los presos y abrirles posibilidades para su vida en libertad. En esta tienda podremos adquirir artículos de todo tipo, de cerámica, de madera, de papelería, cuero textil, escultura, bisutería, pintura, abanicos pintados a mano, todos ellos con un precio que podría oscilar entre los dos euros hasta los ciento treinta euros. Incluso nos podríamos encontrar con auténticas obras de arte, como dos cuadros que estarían fabricados con hilos de seda y que vendrían a ser una reproducción, con una perfección realmente asombrosa, de lienzos de Liechtenstein y Kardinsky.

   Lo interesante de esta actividad, como muy acertadamente señalaron en su inauguración la Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, es que el proyecto ayuda a la reinserción a través de un trabajo, que cobran los presos, buscándole al mismo tiempo una salida comercial a todos aquellos objetos que se manufacturan en los talleres ocupacionales de las cárceles españolas y de centros de reeducación de menores en la región madrileña, aparte de brindarle a los presos un poco de futuro, para cuando abandonen la prisión en la que están encarcelados.

   De esta forma, también se ayudaría a la sociedad a comprender que los presos son personas, que, como todos nosotros, tienen ilusiones y capacidades para poder explotar y con las que poderse ganar la vida.

   Me encantaría ver pronto una iniciativa de este tipo en nuestra Comunidad Autónoma, Castilla - La Mancha.

La verdad de Pereira Do Santos

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 28 de Marzo 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   Para ser esclavos, de los de verdad, como aquéllos que recogían el algodón en grandes superficies y vivían en chabolas, y les azotaban, y el salario que percibían era un poco de agua y lo necesario para mantenerse con vida, ya no es necesario ir al cine. El viento se los llevó y los ha vuelto a traer. Basta con darse una vuelta por el norte de España, pues, al parecer, se ha resucitado esta vieja forma de vida por aquellos lugares. ¿Increíble? Sí, pero cierto.

   Hace poco un joven llamado Ricarde Pereira do Santos denunció que, cuando tenía 14 años, en el año 2003, fue abrodado por unas personas en la frontera entre España y Portugal. Se le convenció para que fuera a trabajar al campo. Allí se vio echando más horas que un reloj, durmiendo en un sótano, sin cobrar otro salario que el alimento, que era escaso, y de vez en cuando alguna que otra paliza. Casi nadie le creyó. Todos pensarían que estaba exagerando, claro.

   Pero con estupor se ha descubierto que no, que no exageraba, que era peor que eso. La Guardia Civil de Navarra no da abasto con las detenciones. Y lo mismo está ocurriendo en La Rioja, País Vasco, Castilla y León y Cataluña. El resultado ha sido el escándalo mayúsculo. Gente trabajadora rescatada de auténticas cloacas y algunos imputados dando explicaciones ante los Jueces de Instrucción.

   El invento es el siguiente. Se crean unas redes que se asientan en todo tipo de lugares donde hay gente marginada: albergues de caridad, estaciones de transporte, indigentes que vagabundean por las calles, toxicómanos, sin techo y todo aquél que no tenga adónde ir, todos ellos portugueses, para más datos. Se les recluta, ofreciéndoles trabajo en el campo y convenciéndoles de una vida mejor.

   A continuación, estas redes facilitan estos trabajadores a empresarios, todos ellos del Norte de España, y nada de gente desconocida, multinacionales, conserveras de cierto tamaño y hasta una bodega de lustre, que ahora teme por su buena reputación, pagando unos dineros a cambio, claro, que la vida está muy cara y las mafias necesitan fondos para poder seguir actuando.

   El siguiente paso es bien sencillo. Estos empresarios de buen nombre los alojaban en unos inmuebles, que eran auténticas cloacas humanas, sin luz ni agua corriente, ¿para qué? pensarían, y a funcionar. Jornadas de catorce horas, fines de semana incluidos, el salario dos euros la hora y de vez en cuando alguna que otra paliza. Este era el futuro prometido a esta gente, reclutada entre personas sin arraigo, analfabeta, con problemas de toxicomanía, de barrios deprimidos o marginales, de albergues para indegentes, mendigos, etc. ¿Quién los iba a reclamar?

   Ustedes pensarán que esto es mortal de necesidad, pero todavía no hemos llegado a la mejor parte del asunto. Esta pobre gente, enferma muchos de ellos, con problemas de salud graves, no ya por el trato inhumano que le dieron, que también, sino porque ya los tenían también antes, quieren volver allí a trabajar, vuelven voluntariamente a lo mismo, a que les exploten, les peguen y los traten como esclavos. Es una esclavitud voluntaria y consentida en pleno siglo XXI y en España.

   No sé qué piensan ustedes de esta noticia. Seguro que algunos dirán que si vuelven es porque no les iba tan mal. Otros tratarán de estudiar este tema desde la psicología humana, para ver por qué estas personas dependen de quien les ha inflingido tan mala vida. Pero yo me pregunto: ¿A dónde pueden ir estas personas? ¿Hay algún sitio a dónde se puedan dirigir? Me pregunto si no será que vuelven, porque no tienen a dónde ir, y eso me da pena, no por ellos, sino por nosotros, porque si éste es el Estado Social y Democrático de Derecho al que aspirábamos, francamente me da lástima.

   Parece que con ponerle un plato de comida a un indigente, a un drogadicto que anda tirado por las calles, a un mendigo que, tal vez, su único problema sea que tiene una enfermedad mental y ninguna familia para echarle un cable, es suficiente. Pero a mí no me lo parece y creo que aquí nos estamos equivocando. No sólo de pan vive el hombre y qué gran verdad es esa.

   En Navarra, en el País Vasco, en La Rioja, en Cataluña y en Castilla y León es un comentario a gritos: !Los esclavos volverán! ¿Quién se lo va a impedir? Son ciudadanos de la Unión Europea, portugueses, que pueden desplazarse libremente por territorio español. Al fin y al cabo, según parece, ningún empresario ha pisado todavía la cárcel por estos hechos, pues los trabajadores desaparecen antes de acudir al juicio y de ellos nunca más se supo. De hecho, que se sepa, no hay nadie en prisión y nadie parece ser responsable de nada.

   Espero que las autoridades competentes consigan erradicar estas formas de vida de nuestro paisaje nacional, porque este suceso me parece una vergüenza.

Dos presuntos homicidas, libres

Artículo publicado en el diario El Pueblo de Albacete - 4 de Abril 2007 - María del Carmen Vasco Mogorrón

   El 11 de abril del 2003, Juan Sánchez Vargas, de 27 años, que disfrutaba, como muchos jóvenes en España, de unan oche amigable, acompañado o no, en una discoteca de Barcelona, la Open de Sant Esteve Sesrovires, cuando decidió abandonarla, por los motivos que fuera, perdió la vida, de forma sorpresiva, pues dos individuos, cuyos nombres no vienen al caso, le asestaron siete puñaladas.

   Los hechos ocurrieron ante la mirada de la gente que se encontraba a la salida de este centro dediversión, siendo, por tanto, los testigos numeros. Las fuerzas de la autoridad detuvieron a los autores, que todavía son presuntos, en menos de dos horas. Después de pasar detenidos casi 48 horas, pasaron a disposición del juzgado de instrucción competente, que resolvió la prisión provisional para estos dos ciudadanos, es decir, que se mantuvieran en prisión hasta que se les juzgara por el tribunal competente.

   Hay casos de homicidio más difíciles y otros más sencillos. Lo cierto es que en España, antes de juzgar a ningún ciudadano, se abre un procedimiento para hacer una investación de los hechos ocurridos, tomarles declaración a los testigos y realizar cualquier otra prueba que el juez de instrucción considere necesaria, para preparar el futuro juicio, pruebas que han de favorecer o perjudicar tanto a la acusación como a la defensa, pues el material probatorio se ha de reunir con objetividad, para esclarecer la verdad de lo realmente ocurrido.

   En algunos casos de muerte, por estar los autores en búsqueda y captura, o por no conocerse realmente quién ha podido ser el autor de los hechos, o por no existir pruebas contra la persona que se piensa podría ser el autor, la investigación, a veces, puede ser bastante difícil y durar un tiempo relativamente largo.

   Sin embargo, cuando hablamos de un homicidio que se ha cometido delante de muchas personas y los autores han sido detenidos y conducidos a la prisión, en espera de la celebración de su juicio, mientras se termina la investigación, no parece que el asunto sea demasiado complidado, pues todo el mundo está localizable.

   Por supuesto, habría que tomarle declaración a todos los testigos y esperar a los informes del forense, pero en un plazo de dos años es bastante factible que se pueda haber realizado todo esto, pues al estar todo el mundo identificado, los agentes de la autoridad apenas tienen que desplegar actividad de investigación policial alguna, y el juzgado limitarse a citar y tomar declaración.

   Transcurrieron dos años desde que se había resuelto la prisión provisional de estos dos presuntos homicidas, y dado que las investigaciones no habnían terminado, se revolvió por el juzgado de instrucción que esta prisión se prorrogara dos años más. En total, se han cumplido cuatro años desde que ocurrieron los hechos, y como la ley no permite que una persona pueda estar más de cuatro años en prisión preventiva, la defensa y el fiscal han solicitado se resuelva la libertad de estas dos personas, lo que el juez de instrucción ha tenido que realizar, pues la ley no permite más prórrogas.

   La razón por la que, al parecer, un caso aparentementee no muy difícil lleva ya cuatro años coleando es porque, entre otras cosas, en el juzgado de instrucción han cambiado varias veces de juez suplente, hasta que, por fin, un juez titular se ha hecho con la plaza. Eso naturalmente provoca que la justicia vaya más lenta. Y desde este punto de vista, nada se puede criticar, porque el nombramiento de jueces titulares lleva un proceso, que no se puede descuidar.

   Tal vez, lo que no me parece aceptable, desde el punto de vista de nuestros derechos ciudadanos, es que no se respete, a veces, con escrupulosidad la preferencia que tienen los asuntos en los que hay preso preventivo. El impulso de estos expedientes tendría que estar por encima de cualquier otro y tener una preferencia absoluta e inexcusable.

   A lo mejor éste no es el caso. Pero podríamos imaginarnos un asunto en el que resultara después que la persona que presuntamente era el autor, luego no lo era. No sería la primera vez que esto sucede. Piense que esto le pasa a usted, por ejemplo. Es decir, que le arranquen cuatro años de su vida, para luego decirle que usted, según las pruebas, no fue.

   O piense que usted ahora es la madre o el padre de la persona que ha muerto en esa discoteca, y que ahora le comunican que los presuntos autores están en libertad, por haberse cumplido los plazos máximos de la prisión preventicva. Seguro que no lo entiende.

   En ciertos asuntos la justicia ha de ser lo más ágil que sea posible, para que los ciudadanos, ya sean acusados o acusadores, no sea vean indefensos y se sientan desamparados. La confianza de los ciudadanos en la justicia es fundamental, para que no quiebre el sistema.